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El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva permanecía este domingo en calma, mientras continuaba el flujo de familiares y abogados de los imputados por el presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los detenidos —el exdirector de la institución Santiago Hazim, su sobrino Rafael Martínez Hazim y el empresario Eduardo Read Estrella— permanecen recluidos en las celdas del recinto desde la madrugada, a la espera de que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción dentro del plazo legal de 48 horas.
Hazim y Read Estrella fueron arrestados la noche del sábado, tras varias horas de interrogatorios en la Procuraduría General de la República.
Minutos antes de la medianoche, colchones y otros insumos fueron trasladados a la Fiscalía para recibir a los implicados, quienes pasaron la noche bajo estricta custodia. Durante la madrugada, sus abogados, entre ellos Jaime Terrero y Miguel Valerio, gestionaron medicamentos para Hazim, quien padece hipertensión, mientras aseguraban que permanecían a la espera del expediente acusatorio que sustenta los cargos.
En horas de la mañana de este domingo, Terrero volvió a acudir al Palacio de Justicia con insumos para su defendido, ingresando por la entrada principal bajo supervisión de agentes de seguridad. El movimiento en las instalaciones ha sido constante pero sin incidentes, en medio de la expectativa por la presentación formal de la acusación ante un juez de Atención Permanente.
Las investigaciones contra la administración de Hazim surgieron tras denuncias de presuntas irregularidades administrativas y financieras en procesos de contratación, pagos a proveedores y manejo de fondos. Las alertas llevaron al Gobierno a ordenar auditorías y remitir informes a la Procuraduría. El pasado 13 de septiembre, el presidente Luis Abinader instruyó a la Sisalril y al actual director de SeNaSa, Edward Guzmán, a entregar un documento sobre «graves irregularidades» detectadas en la institución.
En ese momento, el Gobierno aseguró que las pesquisas no afectarían la prestación de servicios a los afiliados y reiteró su compromiso con la transparencia. Pocos días después, Abinader declaró que en su gestión “puede tener buenos amigos, pero no cómplices”, insistiendo en que no toleraría impunidad.
Mientras avanza el proceso judicial, el Ministerio Público trabaja en finalizar la imputación que deberá presentarse ante el tribunal, pieza clave que definirá los pasos procesales en las próximas horas. Hasta tanto, los tres investigados permanecerán bajo custodia en el Palacio de Justicia.