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El comentarista y coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, afirmó este martes que la sentencia contra varios implicados en los casos Coral y Coral 5G abre un precedente que, a su juicio, no debe aplicarse de manera selectiva, al sostener que las conductas atribuidas a los militares condenados responden a prácticas históricas dentro de los altos mandos y que han continuado en distintas administraciones.
Martínez Pozo se refirió al tema luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitiera sentencia de primer grado contra varios de los principales acusados en el expediente Coral y Coral 5G, vinculado a corrupción administrativa, lavado de activos, desfalco y enriquecimiento ilícito.
El tribunal condenó a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y a Rafael Núñez de Aza. También impuso condenas de 15 años a Rossy Guzmán y al general Julio Camilo de los Santos Viola, entre otros imputados.
La decisión fue adoptada por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Martínez Pozo sostuvo que la sentencia marca un precedente relevante porque, según dijo, pone sobre la mesa una práctica que no se limita únicamente a los militares condenados en este expediente.
“Es tiempo de que se ponga freno a una práctica que aquí está abierta”, expresó el comentarista, al señalar que está de acuerdo con que se enfrenten ese tipo de conductas dentro de las estructuras militares y estatales.
Sin embargo, advirtió que el problema surge cuando ese criterio se aplica solo a determinados grupos o períodos de gobierno, mientras se dejan fuera prácticas similares ocurridas antes o después.
El comunicador afirmó que, por las mismas razones por las que fueron condenados varios militares del entorno del expresidente Danilo Medina, también podrían ser sometidos y juzgados otros altos mandos que ocuparon funciones similares en diferentes gobiernos.
“Por la misma razón que esas personas están condenadas a 20 y 15 años, estarían condenados los que siguieron en los cargos posteriores a ellos, y los que estaban en los cargos antes de ellos”, sostuvo.
Martínez Pozo insistió en que la conducta sancionada por el tribunal no fue, a su entender, una excepción dentro del ámbito militar, sino parte de un modelo conocido y repetido en estructuras de poder.
De acuerdo con su planteamiento, las prácticas relacionadas con nóminas militares, manejo de recursos y devolución parcial de salarios no habrían sido creadas por los condenados del caso Coral, sino que formarían parte de esquemas utilizados durante años.
El comentarista sostuvo que las conductas juzgadas en Coral y Coral 5G son similares a las que, según él, se han observado en otros períodos y entornos de poder.
“La conducta en ningún caso ha sido diferente, en ningún caso”, afirmó Martínez Pozo.
En ese sentido, planteó que si el sistema judicial decide abrir esa compuerta, debe hacerlo sin distinción política ni selectividad, revisando los entornos militares de todos los mandatarios y no únicamente los vinculados a una administración específica.
Martínez Pozo también recordó que se trata de una decisión de primera instancia y que el proceso aún puede continuar en apelación. No obstante, consideró difícil que los condenados logren librarse completamente de las sanciones impuestas, aunque eventualmente alguna pena pudiera ser modificada.
El comentarista concluyó que el caso Coral y Coral 5G deja abierto un debate de mayor alcance sobre la corrupción administrativa dentro de estructuras militares, el uso de recursos públicos y la necesidad de aplicar la ley con el mismo criterio frente a prácticas similares.