Camacho asegura que el caso Coral envía una señal histórica contra la corrupción

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, describió como un hecho trascendental la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el proceso judicial conocido como Coral y Coral 5G, al considerar que representa un mensaje contundente contra la corrupción y la impunidad en el país.

Camacho señaló que la decisión judicial, que impuso penas de entre 10 y 20 años de prisión a varios integrantes de la presunta red, constituye un reconocimiento al trabajo investigativo desarrollado por el Ministerio Público y evidencia la solidez de las pruebas presentadas durante el proceso.

Asimismo, manifestó que el fallo fortalece la confianza en las instituciones encargadas de perseguir y sancionar delitos complejos, al tiempo que expresó su expectativa de que futuras decisiones judiciales continúen reforzando la lucha contra la impunidad.

Entre los condenados figuran Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza, quienes recibieron penas de 20 años de prisión por delitos relacionados con estafa al Estado, desfalco y asociación de malhechores. Además, fueron sancionados con el pago de multas equivalentes a 400 salarios mínimos.

Por su parte, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora Rossy”, fue condenada a 15 años de cárcel y a una multa de 300 salarios mínimos tras ser hallada culpable de enriquecimiento ilícito.

José Manuel Rosario Pirón recibió una pena de 10 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos por desfalco al Estado y lavado de activos.

De igual manera, Yehudy Guzmán Alcántara, Alejandro Montero Cruz y Lucía de los Santos Viola fueron sentenciados a cinco años de prisión por distintos delitos, incluyendo desfalco, tenencia ilegal de armas y lavado de activos, además del pago de las multas correspondientes.

Según la acusación, los implicados habrían participado en una estructura que provocó un perjuicio económico superior a los RD$4,500 millones al Estado dominicano. Con esta decisión concluye una extensa fase judicial que se desarrolló durante casi dos años de juicio de fondo.