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El caso Senasa ha dejado de ser una noticia para convertirse en una herida abierta en la conciencia nacional.
No se trata únicamente de un fraude millonario, sino de la revelación de una maquinaria perversa, concebida con la frialdad de una mente que encontró en la vulnerabilidad del sistema de salud pública un terreno fértil para el engaño. Lo ocurrido no pertenece al ámbito de la improvisación: es el resultado de un cálculo deliberado.
La investigación describe, con una precisión inquietante, la existencia de expedientes fabricados, tratamientos jamás realizados, facturas emitidas a nombre de personas fallecidas y procedimientos clínicos que solo existieron en el artificio documental de quienes imaginaron este entramado. Fue una arquitectura del fraude, construida con la serenidad de quien conoce cada grieta institucional y la utiliza sin remordimiento.
Pero la dimensión más devastadora de este caso no puede leerse en los documentos judiciales. Se encuentra en lo que silencian:
Durante los años en que esta estructura operó, miles de dominicanos dependieron del sistema público para acceder a tratamientos de alto costo. Algunos esperaron semanas por una autorización. Otros debieron enfrentar la noticia de que el medicamento que necesitaban no estaba disponible. Y otros, sencillamente, nunca recibieron la intervención que podría haber prolongado su vida.
Mientras los fondos eran desviados con destreza burocrática, en los hospitales públicos se libraban batallas silenciosas contra el tiempo. Jóvenes esperando quimioterapia. Adultos mayores aguardando una diálisis. Madres rogando por un medicamento oncológico. Seres humanos que no podían imaginar que, mientras ellos luchaban por vivir, alguien había decidido convertir su esperanza en una oportunidad de lucro.
La pregunta que ningún expediente responderá es la más dolorosa:
¿Cuántas vidas se apagaron prematuramente porque los recursos destinados a su tratamiento se desviaron hacia un esquema criminal?
No es necesario conocer los nombres para sentir el peso de la tragedia. La muerte que pudo evitarse, la vida que pudo prolongarse, la oportunidad que nunca llegó… todo eso constituye el verdadero saldo de este desfalco. Porque la corrupción en la salud no es solo un abuso administrativo: es una afrenta directa a la dignidad humana.
Lo más perturbador no es la magnitud del fraude, sino la lucidez que lo hizo posible. La inteligencia puesta al servicio de la estafa. La disciplina con la que se fabricaron expedientes. La habilidad para manipular procesos clínicos. La impasibilidad con que se facturaron tratamientos imaginarios, mientras pacientes reales se deterioraban esperando atención.
Ese contraste es la vergüenza nacional: la vida suspendida en una sala de espera frente a la factura diligente de un tratamiento inexistente. La angustia de un enfermo frente a la calma del que, desde un escritorio, urdió un beneficio ilícito. La desesperación de un paciente real frente a la precisión administrativa de un fraude cuidadosamente articulado.
Por eso la indignación nacional no nace solo del fraude.
Nace del contraste brutal entre el sufrimiento real y el lucro fraudulento.
Nace de saber que mientras una madre lloraba porque no había forma de costear el medicamento que podía salvar a su hijo, otro grupo registraba tratamientos ficticios y recibía pagos verdaderos.
La justicia deberá actuar. La ley deberá determinar responsabilidades.
Pero el país no puede permitir que este caso termine reducido a titulares.
La reflexión debe ir más honda: la corrupción en la salud no es corrupción administrativa, es un atentado contra la vida.
La mente que imaginó este esquema no solo robó dinero. Robó oportunidades de vivir.
Y esa pérdida, la más grande de todas, no aparecerá en ningún expediente.