El Senado de la República acogió este martes las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una iniciativa orientada a fortalecer el manejo de los desechos, actualizar el sistema de contribuciones y promover prácticas más sostenibles en el país.
Entre los principales cambios aprobados se establece una mayor flexibilidad en la gestión de residuos, permitiendo que los generadores que contraten gestores autorizados puedan entregar los desechos clasificados en orgánicos e inorgánicos, así como destinarlos directamente a procesos de valorización y aprovechamiento.
La pieza legislativa sustituye el modelo de contribución especial por una escala basada en los ingresos anuales de las personas jurídicas, con montos que oscilarán entre RD$5,000 y RD$2.2 millones, ajustables anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.
Asimismo, la contribución será obligatoria para todas las personas jurídicas e instituciones públicas y privadas, con excepción de las organizaciones sin fines de lucro. En el caso del sector privado, el pago se realizará en dos cuotas semestrales a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mientras que las entidades públicas lo gestionarán mediante el Presupuesto General del Estado.
Los fondos recaudados serán destinados al fortalecimiento de la gestión integral de residuos a nivel municipal, incluyendo la construcción y operación de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización, entre otras infraestructuras contempladas en el fideicomiso creado para esos fines.
La normativa también introduce un régimen especial para empresas con márgenes regulados y comisionistas, y permite que la contribución sea deducida de la renta bruta conforme al Código Tributario.
Otro punto relevante es la prohibición de importar productos plásticos y de foam de un solo uso que no cuenten con certificación de biodegradabilidad, como pajillas, vasos y cubiertos. La medida impulsa la transición hacia materiales alternativos como papel reciclado, bagazo de caña y bambú, y entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley.
Con la aprobación de las modificaciones, la iniciativa avanza hacia su fase final y será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, lo que determinará su entrada en vigencia.