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Con 19 votos a favor y 9 en contra, el Senado aprobó este jueves, en primera lectura, el proyecto de Ley Orgánica de Contrataciones Públicas, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico que garantice el manejo adecuado de los recursos estatales.
La propuesta incluye un esquema de sanciones que abarca desde medidas disciplinarias y administrativas hasta penas de carácter penal para quienes incumplan la normativa.
Esta iniciativa modifica la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, que prohíbe que los funcionarios y sus familiares sean proveedores del Estado, pero no contempla penalizaciones para quienes violen esta disposición.
Con la nueva normativa, los funcionarios o congresistas que se conviertan en proveedores del Estado mediante contratos podrían enfrentar penas de prisión de dos a cinco años.
Claro, aquí tienes el párrafo corregido:«El servidor o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, intervenga de manera dolosa en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, violando el régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley, será sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión, una multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector público e inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo no menor de cinco años», indica el artículo 234.
Además de los servidores públicos, la ley contempla sanciones penales para los particulares que intenten obtener ventajas en procesos de contratación mediante acuerdos irregulares con funcionarios.
El artículo 236 establece: «El particular que ofrezca a un funcionario o servidor público, directa o indirectamente, ofertas, promesas, comisiones, dádivas o cualquier otro tipo de ventajas, en su beneficio o en el de un tercero, con el fin de que este ejecute o se abstenga de realizar, a favor del particular, un acto propio de sus funciones en el marco de un procedimiento de contratación, será sancionado con una pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión».
Asimismo, el proyecto prohíbe el fraccionamiento de compras de bienes, servicios u obras con el fin de evadir los procedimientos de contratación establecidos, buscando evitar que se elijan procesos de menor cuantía de manera irregular.