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El Senado aprobó en primera lectura la modificación a la Ley 36-24, que regula la Corporación Turística Cabo Rojo, en sus artículos 6, 9, 11 y 12, tras una propuesta del Poder Ejecutivo.
La reforma establece que la corporación y sus sociedades subordinadas estarán sujetas a la legislación nacional aplicable a sociedades comerciales privadas y a sus estatutos sociales, sin perjuicio del control externo señalado en el artículo 11.
El artículo 11 indica que la Cámara de Cuentas será responsable de la fiscalización externa de la corporación, con apoyo técnico de firmas de auditoría de prestigio internacional para realizar auditorías y otros procedimientos de supervisión.
Además, el artículo 9 determina que el consejo de administración de la corporación tendrá un número impar de miembros, no menor a tres, y que la gestión del proyecto recaerá en inversionistas y gestores privados, acorde con su carácter comercial.
Por otro lado, el artículo 12 establece que las personas jurídicas y los patrimonios autónomos que reciban bienes y derechos del Fideicomiso Pro-Pedernales, así como los inversionistas y desarrolladores de infraestructura hotelera e inmobiliaria turística, mantendrán exenciones fiscales y tributarias según lo dispuesto en la legislación vigente.
Por: Lisbeth Báez
