x
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) manifestó su desacuerdo con el fallo de una jueza federal que impide la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos y confirmó que, junto al Departamento de Justicia, estudia las acciones legales a seguir, de acuerdo con reportes del Miami Herald.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que la agencia aún no define el curso a tomar tras la decisión emitida por la jueza federal Ana C. Reyes, del Tribunal de Distrito en Washington D.C., quien detuvo la medida gubernamental que buscaba poner fin al programa migratorio.
El TPS, que ampara a más de 300,000 haitianos y les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos debido a la prolongada crisis en Haití, debía expirar a las 11:59 p.m. del martes.
No obstante, en una sentencia de 83 páginas emitida el lunes, Reyes suspendió la cancelación al concluir que el DHS incumplió la ley y evidenció hostilidad racial hacia los beneficiarios del programa.
"El Departamento de Seguridad Nacional discrepa vehementemente con esta orden y está trabajando con el Departamento de Justicia para determinar los próximos pasos", declaró Noem en un comunicado oficial publicado en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La funcionaria defendió la determinación previa del DHS, adoptada en noviembre, de considerar que Haití ya no reúne las condiciones legales para mantener la designación del TPS, otorgada originalmente tras el terremoto de 2010 durante la administración de Barack Obama.
Según explicó, la evaluación se realizó tras revisar la situación del país y consultar a diversas agencias federales. Noem también cuestionó que “un solo juez” haya detenido la medida, pese a que, afirmó, el DHS ha logrado fallos favorables recientes ante la Corte Suprema en litigios similares sobre políticas migratorias.
La discusión en torno al TPS se da en un contexto de mayor escrutinio a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, en medio de denuncias por arrestos de ciudadanos estadounidenses, detenciones de menores inmigrantes y el uso de tácticas violentas por parte de agentes federales.
A la par, dentro del propio gobierno estadounidense persiste la inquietud por la inestabilidad política y la violencia en Haití. El país atraviesa un proceso de transición marcado por la incertidumbre ante el próximo vencimiento del mandato de un consejo presidencial de nueve miembros, mientras las bandas armadas continúan ampliando su control territorial.
En ese escenario, el destructor estadounidense de misiles guiados USS Stockdale arribó recientemente a la bahía de Puerto Príncipe. De acuerdo con una fuente citada por el Miami Herald, la llegada del buque provocó el repliegue inmediato de miembros de la coalición armada Viv Ansanm que ocupaban un puerto en la zona.
Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron la decisión judicial, aunque advirtieron que el proceso legal apenas comienza. Alexandra Orellana, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, afirmó que el fallo ofrece un respiro temporal a miles de familias que han vivido meses de incertidumbre ante la posible pérdida de su estatus legal.
"El tribunal reconoció que despojar injustamente del estatus a cientos de miles de haitianos habría causado un daño devastador e innecesario", sostuvo Orellana, al asegurar que las organizaciones continuarán impulsando soluciones migratorias permanentes basadas en la equidad y la dignidad.