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Paíno Abreu, secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, afirmó que esa organización mantiene posiciones formales sobre temas ambientales clave que impactan el bienestar del país, entre ellos la instalación de barcazas en Azua, la minería y la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos.
Sobre las barcazas, recordó que el partido incluso visitó la zona y realizó una rueda de prensa en rechazo a su instalación.
“No estamos de acuerdo desde el inicio en que se instalaran esas barcazas. Es un área de avistamiento, una zona protegida muy importante que ha afectado a la sociedad de Azua, a los habitantes de Los Negros y a los pescadores”, sostuvo en El Rumbo de la Mañana.
Abreu calificó el proceso de permisos como “lo peor que ha ocurrido”, al asegurar que fueron otorgados “sin los estudios adecuados, en un lugar que no corresponde y sin estudios de impacto”.
Indicó que las últimas barcazas se ampararon en un decreto de emergencia para contratar “la producción de energía más cara que hay en el país”, a costa de contaminar una zona protegida.
Advirtió que la permisología ha crecido sin control. “La primera que se otorgó fue para 200 y tantos megavatios. Ya andamos por más de 400 megavatios sin la permisología y los estudios correspondientes”, afirmó, al tiempo de señalar que el Ministerio de Medio Ambiente debe aclarar esa situación.
En cuanto a la minería, Abreu planteó que el tema debe abordarse con mayor rigor. “La minería es un hecho en el mundo entero, siempre y cuando eso se haga de la manera correcta”, explicó, subrayando que se trata de recursos no renovables que pueden explotarse si los daños ambientales son mínimos y mitigables.
El dirigente también se refirió a la Ley 95-20 sobre residuos sólidos, a la que definió como “importante y necesaria”, aunque criticó la forma en que se aplica. Dijo que comerciantes y mipymes se quejan por tasas que “a veces se igualan a medianas y grandes empresas” y por la falta de claridad en la administración de los recursos.
A su juicio, aunque la ley crea un fideicomiso con comités técnicos y de transparencia, “en el fondo grandes empresas tienen la posibilidad de decidir la orientación del manejo de esos fondos”.
Finalmente, cuestionó que proyectos de vertederos en La Cuaba, Pedro Brand, y El Catey, Samaná, estén en manos privadas pese a existir un fideicomiso para esos fines.
“Ese fondo tiene que ser bien administrado para acabar con los botaderos y regularizar el procesamiento de los residuos”, afirmó, al explicar que la meta es una economía circular donde “no llegue nada al río, a la calle ni al suelo”, y que solo lo inservible sea depositado donde corresponde.