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El Ministerio Público informó que ya suman 300 las querellas presentadas por víctimas de una presunta red de estafa inmobiliaria que operaba desde la República Dominicana hacia varios países. La institución judicial, a través de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y la Fiscalía de La Romana, pedirá al tribunal ratificar la medida de coerción impuesta a Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales líderes del esquema fraudulento.
La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana, aplazó para el próximo 5 de agosto la audiencia de revisión obligatoria de la prisión preventiva de 18 meses que cumple Giroux en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
Según las fiscales Ramona Nova y Reina Rodríguez, el Ministerio Público sigue profundizando la investigación, mientras continúa recibiendo denuncias de personas afectadas tanto por la supuesta estafa como por actividades de lavado de activos vinculadas a la misma.
En el caso también figuran como imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, quienes guardan prisión preventiva en Najayo Mujeres, provincia San Cristóbal. Ambas apelaron la medida, y la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís pautó para el 11 de julio la audiencia correspondiente. Mientras tanto, quedó suspendida la revisión de la medida de coerción prevista para el 1 de julio, hasta que haya un fallo sobre el recurso.
Asimismo, se informó que las autoridades dominicanas esperan la extradición desde Colombia de Loany Ortiz, considerada junto a Giroux como figura central en la presunta estructura criminal. Ortiz permanece detenida en Bogotá, a la espera del proceso de entrega a las autoridades dominicanas.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red se dedicaba a la venta de proyectos inmobiliarios ficticios, captando a sus víctimas mediante el uso de la imagen de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el sector. El esquema atrajo compradores desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Durante la investigación, las autoridades han determinado que la organización recibió más de 18.8 millones de dólares y han incautado propiedades, vehículos de lujo, equipos electrónicos y documentos en varias localidades del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, La Romana y La Altagracia.