A más de dos años de la explosión que devastó el centro de San Cristóbal el 14 de agosto de 2023 y que dejó 38 muertos, decenas de heridos y graves daños materiales, la Suprema Corte de Justicia decidió este jueves descargar a la empresa Vidal Plast SRL de toda responsabilidad penal.
La decisión se produce mientras más de 50 familias siguen reclamando justicia y la identificación de quienes consideran responsables del siniestro.
El Ministerio Público recordó que cinco meses antes de la explosión ocurrió un incidente dentro de la fábrica: el 18 de marzo de 2023, una chispa alcanzó un área de plásticos almacenados, generó humo tóxico y lesionó a un trabajador.
Ese evento fue señalado como una alerta temprana sobre fallas en el manejo de sustancias peligrosas, aunque no anticipó por completo lo que sucedería después.
El 14 de agosto, gases acumulados del químico Autofina-Luporox A 70S un peróxido orgánico utilizado en la industria plástica alcanzaron un punto crítico al estar dentro de un espacio cerrado y sin condiciones adecuadas de ventilación. La detonación destruyó nueve edificios, afectó viviendas, provocó la muerte de 38 personas y dejó un impacto social sin precedentes en la provincia.
Tras el estallido, las labores de rescate se extendieron durante días, mientras instituciones públicas y privadas desplegaron ayuda. En paralelo, el Ministerio Público construyó un expediente con 128 pruebas entre peritajes, documentos y testimonios, señalando negligencias operativas y violaciones ambientales.
El caso fue declarado complejo y en septiembre de 2024 se presentó la acusación formal contra los propietarios de la empresa y contra Vidal Plast como persona jurídica, a la que se atribuían violaciones al Código Penal, la Ley de Salud y la Ley de Medio Ambiente.
Dos años después, la Suprema Corte determinó que Vidal Plast SRL debía ser descargada de responsabilidad penal, decisión que ahora redefine el curso del proceso judicial mientras las familias afectadas mantienen su demanda de justicia.