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La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha salido en defensa del expresidente Rodrigo Duterte luego de su detención por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes contra la humanidad.
Sara denunció que su padre fue trasladado "a la fuerza" a La Haya (Países Bajos) y calificó su arresto como un intento del gobierno de debilitar su influencia política.
El exmandatario es señalado como responsable de la muerte de más de 6,000 personas durante su controversial "guerra contra las drogas" entre 2011 y 2019.
Sin embargo, analistas consideran que su detención responde también a una lucha interna dentro de la élite política filipina, especialmente con la familia Marcos, a la que pertenece el presidente Ferdinand Marcos Jr.
Dado que la CPI no puede efectuar arrestos sin la cooperación de los gobiernos nacionales, se cree que la administración de Marcos facilitó la captura de Duterte.
El propio presidente filipino admitió en una conferencia nocturna que su gobierno colaboró con Interpol en la detención del exmandatario, asegurando que se trató de un compromiso internacional y no de una represalia política, como ha alegado Sara Duterte.
En 2022, Ferdinand Marcos Jr. y Sara Duterte unieron fuerzas para ganar las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, respectivamente. No obstante, con el tiempo, la relación entre ambos se deterioró con declaraciones públicas cada vez más hostiles.
En octubre de 2024, Duterte-Carpio amenazó públicamente al presidente en una rueda de prensa de dos horas, afirmando que "quería cortarle la cabeza". Luego, el 23 de noviembre, durante una conferencia en línea, declaró que había contratado a un sicario para asesinar a Marcos, su esposa y al portavoz de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, en caso de que ella fuera atacada.
Por su parte, el presidente Marcos reiteró que Filipinas no reconoce la autoridad de la CPI en asuntos de soberanía nacional, ya que Duterte retiró al país de la Corte en 2019. Sin embargo, la CPI mantiene su jurisdicción sobre crímenes cometidos durante el período en el que Filipinas fue parte del tratado.
Marcos justificó su decisión de colaborar con Interpol señalando que si Filipinas se negara, el país perdería el apoyo internacional en la captura de fugitivos filipinos en el extranjero.
"Interpol pidió ayuda, y nos vimos obligados porque tenemos compromisos con la Interpol que debemos cumplir. Si no lo hacemos, ya no nos ayudarán con otros casos de fugitivos filipinos en el extranjero", explicó en su declaración a la prensa.