Una manifestación pacífica en la provincia de San Juan, organizada para rechazar la posible explotación de un yacimiento de oro por parte de la empresa canadiense GoldQuest, terminó de forma abrupta cuando agentes de la Policía Nacional utilizaron bombas lacrimógenas y chorros de agua para dispersar a los participantes. El incidente ocurrió mientras los manifestantes marchaban por el perímetro custodiado, generando una ola de críticas por parte de los líderes políticos y sociales que encabezaban la actividad.
El senador de la provincia, Félix Bautista, estuvo presente en la movilización y calificó el accionar policial como un "error inaceptable". Según el legislador, la protesta se desarrolló bajo un marco de orden y calma absoluta, por lo que no existía justificación para el uso de la fuerza. Bautista destacó que, a pesar del desenlace, la marcha fue una muestra "extraordinaria" de respaldo ciudadano hacia la preservación de los recursos naturales de la zona.
El rechazo al proyecto minero une a diversos sectores de la sociedad sanjuanera, quienes argumentan que la vocación de la provincia debe seguir siendo estrictamente agropecuaria. El alcalde de San Juan, Lenin de la Rosa, reafirmó su compromiso con los electores al declarar que la provincia prefiere mantener su identidad como distrito agrícola antes de convertirse en un enclave minero, asegurando que acompañará la decisión del pueblo hasta las últimas consecuencias.
«Lanzar bombas lacrimógenas, lanzar rayos de agua es inaceptable por el hecho de que todo estaba en calma. No había ningún desorden, todo estaba en paz».
Esta postura fue respaldada por representantes del sector agrícola, como el productor Robín Alcántara, quien denunció presuntas maniobras para presionar a los agricultores locales. Según Alcántara, se ha intentado inducir la aceptación del proyecto minero mediante la reducción deliberada de las compras de rubros locales, una táctica que calificó de inaceptable mientras lideraba el grito de "No a la GoldQuest" durante la jornada de protesta.
El centro de la controversia radica en el impacto que la mina de oro "Romero" podría tener sobre las fuentes acuíferas que alimentan el valle de San Juan. Los manifestantes sostienen que la minería pondría en riesgo la seguridad alimentaria de la región, mientras que la empresa asegura que el proyecto no afectará los ríos superficiales. Esta discrepancia se ha mantenido a la provincia en un estado de movilización constante durante los últimos meses.
Los puntos más relevantes de la jornada de protesta incluyen:
Hasta el momento, las autoridades policiales no han emitido un comunicado oficial que explique las razones técnicas que llevaron a la decisión de dispersar la marcha con equipos de control de disturbios en un momento de aparente calma.