La tensión entre el gobierno ruso y la plataforma de mensajería Telegram ha alcanzado un punto de ruptura, este martes, el Kremlin endureció su retórica contra Pável Dúrov, acusándolo formalmente de negarse a cooperar con las autoridades tras la apertura de una causa penal por presunta «colaboración con el terrorismo».
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) lidera la ofensiva legal, sosteniendo que el cifrado de la aplicación ha creado un refugio para criminales. Según el organismo, la "ilusión de anonimato" ha atraído a un "ejército de radicales, drogadictos y asesinos", convirtiendo a la herramienta en una amenaza directa para la estabilidad social.
Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, reforzó esta postura en rueda de prensa:
Desde la otra acera, Dúrov no se ha quedado callado. El fundador de la plataforma denunció que la campaña de ralentización y las exigencias de localizar servidores en suelo ruso no son más que una estrategia para forzar a los ciudadanos a migrar a MAX, la aplicación oficialista diseñada —según él— para la vigilancia y la censura política.
Curiosamente, la ofensiva contra Telegram ha generado fuego amigo dentro de Rusia. A pesar de que el FSB advirtió que la aplicación es una amenaza para las tropas en Ucrania, varios blogueros militares y líderes oficialistas han protestado contra las restricciones. ¿La razón? Telegram se ha vuelto indispensable para la comunicación táctica en el frente, y su ralentización entorpece las operaciones rusas.
Mediados de 2025: Comienzan las restricciones de videollamadas en Telegram y WhatsApp.
Febrero 2026: El FSB inicia la causa penal contra Dúrov.
Situación actual: La Justicia exige acceso a los datos de los usuarios, mientras el Kremlin niega tener la "autoridad directa" para el bloqueo total, dejando la decisión en manos de agencias de seguridad.