La exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos vinculados al narcotráfico, pidió este lunes al Tribunal Constitucional suspender la ejecución de la sentencia dictada en su contra por la Suprema Corte de Justicia.
La defensa de la exlegisladora argumenta que su ingreso inmediato a prisión comprometería de forma irreparable sus derechos fundamentales, afectaría el debido proceso y anularía en la práctica la revisión judicial aún pendiente.
La solicitud se fundamenta en el artículo 539 del Código Procesal Penal, que permite suspender la ejecución de una sentencia cuando esta pudiera generar perjuicios irreparables y no se hayan agotado todos los recursos.
Según los abogados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia SCJ-PL-25-00009, emitida el 29 de agosto de 2025, aún no ha sido fallado, por lo que la condena no es firme.
Entre los daños señalados figuran la privación de libertad en violación al principio de presunción de inocencia, el decomiso inmediato de bienes que no podría revertirse de anularse la condena, y el impacto reputacional y político derivado del cumplimiento prematuro de una sanción.
La defensa invoca también los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional que protege el derecho a recurrir decisiones penales como parte esencial del debido proceso.
El escrito añade que Pilarte atraviesa un tratamiento médico delicado, lo que dificultaría cumplir una pena en prisión, además de contar con arraigo familiar y social que reduce el riesgo de fuga.
El caso de la exdiputada, vinculada a la estructura atribuida a su esposo, Miguel Arturo López Florencio ("Miky López"), es considerado emblemático en los esfuerzos contra el lavado de activos en la política dominicana. La sentencia contempla, además de prisión, la confiscación de bienes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.