El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo, afirma que la entrega de la nueva cédula marca “el inicio formal de un proyecto de Estado orientado al fortalecimiento de la identidad nacional y la integridad democrática”. Sostiene que la renovación responde a una visión de largo plazo que impacta la forma en que el Estado identifica a las personas y garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Jáquez explica que el sistema distingue entre la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. Precisa que la primera está destinada a quienes no ejercen el voto, como menores de 16 y 17 años, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y extranjeros con estatus legal. La segunda, subraya, “habilita las principales actuaciones de la vida ciudadana y el ejercicio de los derechos públicos electorales”, tanto para votar como para ser elegible.
El titular de la JCE destaca que esta diferenciación preserva la integridad del padrón y fortalece la credibilidad del sistema democrático. “La identidad es un requisito de nación y una expresión concreta de la soberanía del Estado”, afirma. En ese sentido, recalca que el proceso implica una depuración rigurosa del Registro Civil y del padrón electoral, tanto en el país como en el exterior, validando cada dato antes de emitir el documento.
Jáquez asegura que la renovación no consiste en “sustituir cédula por cédula sin control”. Indica que la JCE trabaja desde diciembre de 2024 en la depuración del registro para garantizar que solo quienes cumplan los requisitos constitucionales reciban el nuevo documento. Además, resalta que se avanza hacia una cédula inteligente, alineada con estándares internacionales, que facilita la interoperabilidad institucional y moderniza los servicios públicos.
Detalla que la nueva cédula está fabricada en policarbonato, con una durabilidad de hasta 25 años, y que la información se graba con láser en nueve láminas, lo que ofrece “extrema protección contra falsificaciones”. Incluye un chip con criptografía, firma digital y posibilidad de uso como documento de viaje en casos de emergencia. “Esto es una inversión estratégica, no un gasto”, concluye, al subrayar que el documento eleva los niveles de seguridad y eficiencia del Estado.