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La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó su preocupación por las denuncias formuladas por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz en una carta dirigida al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que cuestiona su no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia.
Según la comunicación remitida por Jiménez Ortiz, quien cuenta con 23 años de carrera judicial y un historial de evaluaciones sobresalientes, el proceso de evaluación habría estado marcado por criterios ajenos al marco normativo, falta de motivación suficiente y el uso de “percepciones” o inferencias subjetivas como base de la decisión.
La organización destacó como especialmente graves las afirmaciones de la magistrada sobre un patrón histórico que habría afectado a mujeres dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. De confirmarse, estas prácticas podrían constituir discriminación estructural y vulnerar los estándares nacionales e internacionales de igualdad y no discriminación.
ROI instó a organismos especializados, como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Ministerio de la Mujer (MMUJER), a examinar el caso desde una perspectiva técnica de derechos humanos y género, y a determinar si existen riesgos para la autonomía judicial y la independencia de las magistradas.
La red recordó que la evaluación de jueces y juezas “es un mecanismo para garantizar la eficiencia judicial, no un instrumento de presión política”.
La Red de Observadores por la Institucionalidad está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).