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El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó este viernes que enfrenta un “intento de golpe de Estado judicial”, al declarar ante una comisión legislativa que evalúa si recomienda al pleno del Congreso retirarle la inmunidad para ser procesado por corrupción.
La Fiscalía acusa al mandatario de concusión, uso indebido del cargo para beneficiar a terceros, delito que puede conllevar hasta ocho años de prisión.
Se trata de la primera vez que un presidente costarricense afronta un pedido de levantamiento de fuero, decisión que fue aprobada por la Corte Suprema el pasado 1 de julio y que ahora debe resolver la Asamblea Legislativa, dominada por la oposición.
“Aquí estoy frente a ustedes (…) enfrentando literalmente un intento de golpe de Estado judicial”, declaró Chaves, de 64 años, durante su comparecencia.
Según la investigación, Chaves habría forzado a una empresa contratada por la Presidencia a entregar 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz. La contratación se habría realizado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante un procedimiento “aparentemente” irregular.
El mandatario sostiene que se trata de un montaje impulsado por el fiscal general Carlo Díaz.
“Compatriotas, ¿ustedes de verdad creen que este caso tenga algún sentido, más allá del servilismo de un fiscal incompetente, torpe, sirviendo a la red de cuido que le manipula?”, cuestionó.
Chaves calificó a la élite política como una “casta putrefacta y corrupta”, atribuyendo la causa judicial a una supuesta “revancha, venganza e intimidación” por sus denuncias públicas de corrupción en el sistema judicial.
El abogado del presidente, José Villalobos, defendió que “no hay motivo suficiente, no hay base razonable” para retirarle la inmunidad.
“Para esta defensa, esta pieza acusatoria no contiene los requisitos mínimos para que ustedes puedan recomendar una remoción de fuero”, añadió.
La audiencia se extendió cerca de cuatro horas. Al salir, Chaves fue recibido con vítores de sus seguidores, que le gritaban “¡No está solo!” mientras ondeaban banderas nacionales.
La misma solicitud de desafuero también recae sobre el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por los mismos cargos. La comisión parlamentaria tiene plazo hasta el 28 de agosto para emitir un informe, aunque este puede extenderse hasta por 20 días.
Paralelamente, el mandatario enfrenta otras investigaciones por presunto financiamiento irregular de su campaña electoral y por intervenir en el proceso de los próximos comicios, programados para el 1 de febrero de 2026, lo cual está prohibido por ley.
Chaves, que no puede optar a la reelección consecutiva, ha dicho que espera que su partido logre mayoría calificada en el Congreso en 2026 para impulsar reformas profundas.
En sus intervenciones públicas, suele arremeter contra partidos de oposición, jueces, fiscales, diputados y medios críticos, lo que ha llevado a sus adversarios a acusarlo de una deriva autoritaria.