Ricardo de los Santos rechaza postergar entrada en vigor del nuevo Código Penal

El legislador afirmó que, aunque el Código Penal puede mejorarse en el futuro, es crucial aplicarlo ahora para abordar eficazmente el crimen organizado y modernizar la justicia en el país.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, rechazó que sea postergada la entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto, al considerar que la justicia dominicana necesita con urgencia los instrumentos contenidos en la nueva legislación.

De los Santos sostuvo que, aunque toda ley puede ser mejorada en el futuro, no se debe detener la implementación del Código Penal, ya que el país requiere una normativa actualizada para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

“Todo lo que hace el hombre es perfectible. A futuro, cualquier tipo de modificación que se entienda necesaria se podrá hacer, pero no se puede demorar más la entrada del Código Penal”, expresó.

El legislador afirmó que el nuevo Código debe entrar en vigor el 3 de agosto y que cualquier revisión posterior podrá realizarse sin frenar su aplicación.

A su juicio, retrasar la entrada en vigencia de la normativa solo favorecería a la delincuencia, debido a que la justicia quedaría sin herramientas para castigar nuevos tipos penales contemplados en la pieza.

Realidad criminal

De los Santos señaló que la realidad criminal actual es muy distinta a la que existía cuando fue concebido el antiguo marco penal, por lo que defendió la necesidad de actualizar la legislación dominicana.

“El retraso de este proyecto solo favorecería a la delincuencia y al crimen organizado”, sostuvo el presidente del Senado.

En clave:

Finalidad del CP

Indicó que la finalidad del nuevo Código Penal es fortalecer la justicia, construir una mejor ciudadanía y permitir que los tribunales puedan responder a las nuevas formas de criminalidad.

El legislador ofreció estas declaraciones durante su participación en el Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe, organizado por el Tribunal Constitucional, a través de la Comisión de Igualdad de Género y el Instituto O’Neill.