Juez revisa medida de coerción contra Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa

La audiencia evaluará si se mantienen las medidas de coerción para los imputados, que incluyen prisión preventiva y arresto domiciliario, en un proceso que aborda una trama de corrupción en el sector salud.

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, conocerá este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros imputados vinculados a un presunto caso de corrupción administrativa.

El proceso se desarrolla en el marco de una investigación del Ministerio Público que atribuye al grupo la participación en un entramado que habría generado un perjuicio económico superior a los 15,900 millones de pesos al Estado dominicano.

Imputados y medidas vigentes

Durante la audiencia, el tribunal evaluará si se mantienen o varían las medidas de coerción impuestas a los implicados. Entre los aspectos principales:

Entre los imputados en prisión preventiva figuran Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En tanto, la situación de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella también será revisada en cuanto a las medidas restrictivas que cumplen.

Avance del proceso judicial

La revisión se realiza conforme a lo establecido en la normativa procesal penal, que dispone la evaluación periódica de las medidas de coerción. En febrero pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó las medidas vigentes tras rechazar los recursos presentados por las partes.

Según el expediente acusatorio, el grupo habría operado mediante una estructura paralela dentro del Senasa. El Ministerio Público sostiene que “este comité permitiría agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, vulnerando los requisitos legales del sistema público de salud”.

Las investigaciones indican que el esquema incluía la manipulación de documentos, facturación simulada y el uso de intermediarios para canalizar pagos ilícitos, así como la habilitación irregular de prestadores de servicios de salud.