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La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Virginia de León, explicó que la demora en la aprobación de la pensión del ciudadano Eduardo Almonte responde a la alta cantidad de solicitudes acumuladas, así como a los procedimientos internos que rigen la evaluación de estos casos.
Durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana, la representante de la Comisión Interinstitucional Evaluadora de Traspaso, Virginia de León, indicó que actualmente manejan un volumen significativo de expedientes pendientes, lo que ha ralentizado el proceso de revisión y aprobación.
Según explicó, al momento de ingresar la solicitud del señor Almonte, existían cerca de 1,600 casos en espera, cifra que aunque ha disminuido, aún supera los 1,100 expedientes pendientes, los cuales deben ser evaluados en orden de llegada.
De León detalló que la comisión se reúne de forma mensual y evalúa aproximadamente 200 casos por sesión, lo que incide directamente en el tiempo de respuesta para cada solicitante.
Indicó que el expediente del ciudadano fue clasificado como “aplazado”, una condición que no implica rechazo, sino que requiere una revisión adicional por presentar alguna situación específica dentro del proceso.
La funcionaria señaló que el incremento en las solicitudes se ha visto impulsado por cambios normativos recientes, como la resolución 572, que permitió a más de 20,000 personas acceder al proceso de traspaso y eventual pensión, generando una sobrecarga en el sistema.
Este aumento ha obligado a la comisión a manejar simultáneamente múltiples tipos de casos, no solo los traspasos ordinarios, lo que ha contribuido a extender los plazos de respuesta.
De acuerdo con la DIDA, el caso del señor Almonte ya fue conocido previamente y se encuentra en proceso de reevaluación, con una posible respuesta estimada entre finales de abril y mediados de mayo.
La institución aseguró que, una vez aprobado, se reconocerá todo el tiempo de cotización acumulado por el afiliado hasta la fecha de decisión.
Durante el espacio radial, comunicadores cuestionaron la lentitud del proceso, señalando que el ciudadano lleva más de un año en espera, lo que ha generado desesperación ante la necesidad de acceder a un derecho adquirido tras años de trabajo.
En ese sentido, se planteó la necesidad de que la comisión agilice sus mecanismos, incluso aumentando la frecuencia de sus reuniones, para dar respuesta a los cientos de casos pendientes.