Residentes de la entrada de Los Alcarrizos reclaman a la Opret pago de RD$60 millones por expropiación de inmuebles

Propietarios, inquilinos y empleados de varios locales comerciales ubicados en la entrada de Los Alcarrizos denunciaron que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) les adeuda alrededor de 60 millones de pesos por concepto de expropiación de inmuebles afectados por las obras del Metro, sin que hasta el momento hayan recibido compensación alguna.

Durante una intervención en El Sol de la Mañana, representantes del grupo explicaron que hace aproximadamente dos años técnicos de la Opret les notificaron que el área sería expropiada por tratarse de una obra de interés público, asegurándoles que el pago por el justo precio se realizaría en un plazo no mayor de dos meses, lo que aún no ha ocurrido.

Una de las voceras, heredera de la plaza comercial Los Militares, detalló que el inmueble cuenta con 12 locales que albergaban negocios como clínicas dentales, lavanderías, salones de belleza, bares y laboratorios, de cuyos alquileres dependían varias familias. Aseguró que las obras provocaron ruido, polvo y vibraciones que alejaron la clientela y obligaron al cierre de los negocios, dejando a empleados y propietarios sin sustento.

Importante:

1. Comerciantes y residentes reclaman RD$60 millones por expropiaciones en Los Alcarrizos
2. Denuncian dos años de promesas incumplidas por parte de la Opret
3. Las obras afectaron negocios, empleos y el sustento de varias familias
4. Piden la intervención del presidente para que se honre el pago por justo precio

Los inquilinos, por su parte, indicaron que fueron notificados en 2023 de que debían abandonar el lugar en pocos meses, lo que los obligó a endeudarse para reubicarse. Sin embargo, afirmaron que han pasado dos años sin recibir indemnización, pese a que los expedientes fueron tasados, aprobados y enviados a la Contraloría General de la República.

Expediente devuelto por nueva administración

Según denunciaron, tras la designación de una nueva dirección en la Opret, los expedientes fueron devueltos sin explicación clara, mientras que aseguran que al menos un caso similar ya fue pagado, lo que ha generado inquietud entre los afectados.

Por ello, solicitaron la intervención directa del presidente de la República para que se ordene el pago correspondiente y se ponga fin a una situación que califican como injusta y angustiante.