República Dominicana colabora con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la formulación de su primera estrategia nacional de integridad y combate a la corrupción. Este proceso, previsto para desarrollarse entre 2025 y 2026, contempla una evaluación integral del sistema de integridad del país, la cual servirá de base para estructurar un plan nacional, cuya coordinación recae en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Un informe preliminar de la OCDE evidencia avances en algunos aspectos, pero también revela debilidades significativas. En materia de cabildeo, el país no registra cumplimiento ni en el plano normativo ni en la práctica, debido a la ausencia de legislación, reglas sobre periodos de enfriamiento y registros públicos de beneficiarios finales. En cuanto a conflictos de intereses, aunque existe un 78% de cumplimiento legal, la aplicación apenas alcanza el 22%, con limitaciones en la gestión efectiva y bajo nivel de verificación de declaraciones patrimoniales.
En el ámbito del financiamiento político, el cumplimiento normativo es alto, con un 90%, pero la ejecución práctica se sitúa en apenas 14%, debido a la falta de publicación de informes financieros y sanciones, así como al incumplimiento de algunos partidos. Sobre el acceso a la información pública, los niveles son de 67% en normas y 58% en la práctica, ligeramente por debajo del promedio de la OCDE.
Respecto a la integridad judicial, el país presenta un 59% de cumplimiento en normas y 40% en la práctica, mientras que en el Ministerio Público los niveles son más bajos, con 21% y 5%, respectivamente. Uno de los puntos más críticos es el régimen disciplinario de los funcionarios, con un 42% en el plano normativo y sin aplicación efectiva, debido a la falta de mecanismos claros para investigar faltas, apelar sanciones y gestionar los casos.
El organismo internacional concluye que, aunque existen marcos legales en desarrollo, la principal brecha se encuentra en la implementación. La futura estrategia nacional tiene como objetivo reducir esa distancia entre lo establecido en la ley y su aplicación real.
En el contexto de este proceso, el presidente Luis Abinader participó en el Foro Global Anticorrupción en París y sostuvo un encuentro con Emmanuel Macron. Asimismo, el canciller Roberto Álvarez y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación, promover buenas prácticas y apoyar políticas públicas alineadas con estándares internacionales.
Durante su intervención, Abinader subrayó que la integridad es un eje central de su gestión y un elemento clave para el desarrollo económico y democrático, basado en prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento. Advirtió que la corrupción afecta la confianza institucional, distorsiona la competencia y limita la inversión, al tiempo que resaltó la importancia de consolidar un sistema de gobernanza sustentado en el estado de derecho y la rendición de cuentas.
La OCDE, integrada por más de 38 países, promueve el diseño de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida, con más de seis décadas de experiencia en la generación de estrategias que fomentan el crecimiento, la equidad y el bienestar social.