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En un nuevo llamado de alerta, la República Dominicana volvió a plantear ante el Consejo de Seguridad de la ONU su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Haití. Por décimo sexta ocasión, el canciller Roberto Álvarez representó al país en la sede del organismo internacional, donde calificó la crisis haitiana como un “colapso humano, institucional y de seguridad acelerado”.
Durante su participación, Álvarez trazó un panorama sombrío del vecino país, subrayando el control creciente de las pandillas, la debilidad estructural de las instituciones y las consecuencias que esto genera sobre la República Dominicana, especialmente en términos migratorios.
“La situación en Haití no admite ambigüedades”, declaró enfáticamente el ministro. “Esta es mi décimo sexta comparecencia ante este consejo para tratar la crisis que aqueja Haití y cuyos efectos gravemente afectan a mi país",
El jefe de la diplomacia dominicana denunció que más del 80 % de Puerto Príncipe se encuentra bajo dominio de organizaciones criminales. “Organizaciones terroristas como Izo, Gran Grif y otras redes criminales controlan barrios, puertos y rutas comerciales, utilizando drones y armas sofisticadas. Suplantan a las autoridades y ejercen una violencia sistemática contra el pueblo haitiano.”
Según Álvarez, la brutalidad de estas bandas se expresa con especial crueldad hacia grupos vulnerables. “Decapitaciones, ejecuciones terroríficas en público, violencia sexual espeluznante”, enumeró, describiendo una situación que calificó de extrema gravedad.
El canciller también abordó cómo esta crisis repercute en su país, generando enormes desafíos. “Estas cifras son el retrato crudo de un gran sufrimiento humano que genera una insoportable presión migratoria, económica y social sobre República Dominicana más que en ningún otro país de la región.”
Ante este panorama, el gobierno dominicano ha tomado medidas reforzadas para enfrentar las consecuencias, desde la vigilancia fronteriza hasta la lucha contra el tráfico ilícito de armas y personas, además de asistencia médica y logística limitada por las capacidades nacionales.
Álvarez insistió en la necesidad de una respuesta más efectiva y coordinada por parte de la comunidad internacional, cimentada en tres componentes esenciales: la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el régimen de sanciones establecido en la resolución 2653 y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), avalada por la resolución 2699.
No obstante, expresó su preocupación por el estado actual de la MSS. A su juicio, la misión carece del apoyo financiero y operativo necesario para hacer frente a la magnitud del desafío haitiano. En este contexto, propuso una solución urgente: adoptar un modelo más funcional. “Es la manera más efectiva en las actuales circunstancias para dotar a la MSS de estabilidad logística, efectividad operativa y un plan de acción preciso y factible".