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RD es el segundo país de la región con más presos preventivos

El informe del PNUD revela que el país tiene el segundo mayor porcentaje de presos preventivos en la región, resaltando problemas en investigaciones y sobrecarga judicial que aumentan la detención sin condena.

Wilka Matos
Wilka Matos
14 junio, 2026 - 9:21 AM
3 minutos de lectura
Privados de libertad
Prisión preventiva
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A pesar de que el Código Procesal Penal establece la prisión preventiva como una medida excepcional, más de la mitad de la población carcelaria de República Dominicana permanece privada de libertad sin haber recibido una condena definitiva.

Alto porcentaje de prisión preventiva

De acuerdo con el Informe sobre Democracia y Desarrollo “Democracias Bajo Presión”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con el mayor porcentaje de personas en prisión preventiva y tasa de ocupación penitenciaria, solo por debajo de Haití.

El estudio indica que más del 60 % de los privados de libertad en la nación son presos preventivos, lo que refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.

  • Según datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), en el país hay aproximadamente 25,000 personas recluidas, de las cuales cerca de 16,000 cumplen prisión preventiva.

El informe explica que cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan una alta carga de casos, la prisión preventiva termina utilizándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.

Impacto en el sistema penitenciario

“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario, lo que contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala el informe del PNUD.

El documento también destaca que, desde comienzos del siglo XXI, la población penitenciaria en América Latina y el Caribe pasó de aproximadamente 700,000 personas a cerca de 1.8 millones en 2024, un incremento cercano al 150 %.

  • Asimismo, advierte que las limitaciones en el acceso a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo aumentan la probabilidad de que una persona permanezca detenida durante el proceso judicial, contribuyendo a la sobrepoblación carcelaria y al debilitamiento de la capacidad del Estado para sancionar el delito.
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