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El comentarista Pedro Jiménez advirtió este miércoles que el Plan Anticrisis y Procrecimiento, ya aprobado como reforma fiscal, debe garantizar la seguridad jurídica de las empresas, personas físicas e inversionistas extranjeros, especialmente frente a los mecanismos de cobro y fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos.
Jiménez dijo que leyó en Diario Libre que dentro de la reforma habría quedado incluida una ley relacionada con bienes de familia que ya había sido derogada, situación que calificó como un error legislativo producto de la rapidez con que fue aprobada la pieza, debido a que entiende que "una ley muerta la revivieron".
El comentarista sostuvo que la aprobación acelerada de la reforma deja en evidencia la necesidad de revisar con cuidado su aplicación. Citó una expresión de su madre para resumir su crítica: “Rápido y bien no son buena compañía”.
Jiménez reconoció que la ley ya está aprobada y que la Dirección General de Impuestos Internos prepara el andamiaje tecnológico para comenzar su implementación, pero insistió en que el punto clave será cómo se aplique.
“Lo que queremos es que se aplique con justicia, que se aplique con equidad y que se respete la seguridad jurídica de todos los actores”, señaló.
A su juicio, la seguridad jurídica debe ser entendida como garantía de derechos. Recordó que las empresas y las personas físicas tienen obligaciones tributarias, pero también derechos que deben ser respetados por la administración pública.
Jiménez criticó que, durante años, la DGII haya operado, según dijo, como una especie de “tribunal de la Inquisición”, donde el contribuyente puede sentirse condenado sin haber sido escuchado previamente.
“La DGI, a través de sus mecanismos de cobros y de su sistema de verificación, automáticamente lo encarrilaba o sigue encarrilándolo en un sistema en donde ya estaba condenado sin ser escuchada la parte”, expresó.
El comentarista afirmó que muchos contribuyentes han enfrentado multas y moras que considera abusivas, incluso en casos donde alegan errores, omisiones o dificultades para acceder a plataformas digitales.
Sostuvo que esa situación obligó en algún momento a aplicar una amnistía, debido a la acumulación de deudas, intereses y sanciones que llevaron a algunas personas a cerrar empresas en lugar de pagar.
Jiménez también advirtió que la seguridad jurídica no solo importa para los contribuyentes locales, sino también para los inversionistas extranjeros, quienes, según dijo, observan con cautela el régimen tributario antes de traer capitales al país.
“Los inversionistas extranjeros tienen cierto miedo en la República Dominicana por muchos temas, porque aquí la ley se interpreta, no se aplica en muchos casos”, afirmó.
El comentarista cuestionó además la creciente virtualización de los procesos administrativos, al señalar que muchos contribuyentes ya no tienen la oportunidad de hablar directamente con un representante, sino que deben someter documentos y esperar respuestas automatizadas.
“Ahora hay una modalidad de todo virtual, que tú no tienes la oportunidad de hablar con un representante”, dijo, al advertir que una herramienta automatizada puede no responder adecuadamente cuando el caso requiere análisis humano.
En claves:
“Desde la Liga Municipal Dominicana sentimos preocupación de este caso y le solicitamos que tengan a bien aclarar, mediante un informe, sobre el referido acuerdo”, leyó Jiménez.
El comentarista hizo una advertencia de la Liga Municipal Dominicana apuntaba a que el acuerdo podía resultar lesivo al decreto mencionado, a la función pública y a la ley de compras y contrataciones.