Los legisladores en el Congreso Nacional trabajan para adecuar el Código Procesal Penal antes de que finalice diciembre, luego del Tribunal Constitucional (TC) declarar la normativa como contraria al orden jurídico.
El máximo órgano constitucional otorgó un plazo que vence en diciembre para realizar las modificaciones necesarias, por lo que el Poder Legislativo busca avanzar en una reforma integral que garantice el respeto a los principios constitucionales y la seguridad jurídica.
La Comisión Permanente de Justicia del Senado tiene la responsabilidad de examinar en detalle esta iniciativa legislativa y elaborar un informe que será presentado ante el pleno. Su labor es clave en el proceso de evaluación y recomendación, ya que de su dictamen depende en gran medida el avance y eventual aprobación de la reforma al Código Procesal Penal.
El senador, Antonio Taveras, informó que, los trabajos técnicos de análisis sobre la reforma al Código Procesal Penal ya han concluido. Indicó que el siguiente paso será remitir la iniciativa a diversas instituciones relacionadas con el sistema de justicia, para que realicen un examen detallado y presenten las observaciones que consideren pertinentes.
Entre las entidades convocadas a revisar el proyecto se encuentran el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Oficina del Defensor del Pueblo. Asimismo, se incorporará la participación de organizaciones de la sociedad civil como el movimiento cívico Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quienes tendrán la oportunidad de aportar recomendaciones y propuestas.
La comisión establecerá un plazo específico para este proceso. Una vez concluida esta etapa, se tiene previsto celebrar un taller dentro de unos 15 días.
Una vez concluido, los senadores aprobarán la iniciativa y la remitirán a la Cámara de Diputados, “prácticamente consensuada por todos los sectores para que allá la discusión sea más rápida”.
Asimismo, el senador Pedro Catrain, también miembro de la comisión, afirmó que el equipo trabaja a un ritmo acelerado para cumplir con el mandato constitucional, cuyo plazo vence el 17 de diciembre de 2025.
“Estamos trabajando en la Comisión de Justicia a un ritmo acelerado. Ya hemos aprobado cerca de 30 artículos y vamos a sostener un taller con la procuradora general y representantes del Poder Judicial para estructurar un Código Procesal Penal moderno, eficiente y de alta calidad”, subrayó Catrain.
Cabe recordar que, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0765/2024, mediante la cual declaró inconstitucional la Ley 10-15 al identificar vicios en su proceso de aprobación. Como medida correctiva, la Alta Corte otorgó al Congreso Nacional un plazo de un año para elaborar y aprobar una nueva normativa jurídica que se ajuste a los principios constitucionales.