La abogada Lauren Vargas expresó su preocupación sobre la nueva redacción contenida en el informe de cinco artículos relacionados con la bancarrota simple, al considerar que podría permitir que decisiones empresariales tomadas bajo determinados riesgos sean interpretadas como conductas sancionables en el ámbito penal.
Durante su participación en el programa Legal Radio, que se transmite por Rumba 98.5 FM, la panelista señaló que la propuesta contempla situaciones en las que una actuación de negocio o una inadvertencia podría ser considerada bancarrota simple, aun cuando no exista intención dolosa por parte del empresario.
Cuestiona la afectación penal
Vargas cuestionó cuál sería el interés penal en estos casos, al entender que los acreedores cuentan con mecanismos civiles para perseguir el cobro de sus acreencias y que los socios disponen de otras vías cuando se demuestra que una actuación se realizó de mala fe.
“Aquí no estamos hablando de un tema de dolo. O sea, aquí tú estás hablando hasta por inadvertencia, elemento que tal vez en una decisión de negocio tú dejaste pasar por alto”, explicó.
Advierte sobre posibles consecuencias
La abogada sostuvo que, si una omisión genera un desfase empresarial, el asunto debe ventilarse en el ámbito civil, ya sea mediante procesos de reestructuración mercantil o acciones de cobro de deuda.
En ese sentido, alertó que la disposición podría convertirse en una herramienta para que acreedores, tras la quiebra de un negocio, intenten forzar penalmente el pago de obligaciones económicas.