x
El conocimiento de la medida de coerción en el caso del presunto desfalco millonario en la cadena de sándwiches y panadería Barra Payán quedó suspendido, luego de que fuera recusada la jueza Fátima Veloz, quien tenía a su cargo el expediente. Ante esta situación, los imputados permanecerán detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que la Corte de Apelación decida sobre el recurso.
Los principales administradores de la empresa están acusados de un supuesto fraude cercano a los 40 millones de pesos. La paralización del proceso se produjo durante la audiencia de medida de coerción, cuando uno de los abogados de la parte querellante presentó la recusación contra la magistrada, lo que obligó a suspender inmediatamente el conocimiento del caso.
Previo a la recusación, la defensa de los imputados había planteado un incidente de prescripción penal, argumentando que los hechos señalados en la querella datan de los años 2014, 2016 y 2017, mientras que la acción judicial fue interpuesta en 2022. El abogado Francisco Domínguez Abreu sostuvo que, a su entender, el proceso se encuentra prescrito conforme a la normativa penal vigente.
La recusación fue cuestionada por la barra de la defensa, que consideró que se trató de una maniobra para frenar el avance del proceso, luego de que la jueza admitiera escuchar el pedimento de prescripción formulado por los imputados.
Antes de la suspensión, el Ministerio Público había solicitado como medida de coerción libertad bajo garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, pedimento que, según explicó el abogado Luis Alberto Arias, no fue objetado por los querellantes. El jurista indicó además que nunca se había solicitado prisión preventiva y que los imputados habían comparecido a todas las citaciones previas del proceso.
Con la recusación en curso, el expediente fue remitido a la Corte de Apelación, instancia que deberá decidir si la jueza continúa o no conociendo el caso. Hasta tanto se emita esa decisión, el proceso de medida de coerción permanece detenido y los imputados seguirán privados de libertad de manera provisional.