La acusación popular redujo de 24 a 13 años la pena de prisión que solicita para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que la Audiencia Provincial de Madrid dejara fuera dos de los cuatro delitos que inicialmente se le atribuían.
Con la decisión del tribunal, el proceso judicial continuará únicamente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. En consecuencia, quedaron archivadas las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida que formaban parte de la investigación inicial.
La asociación Hazte Oír, que encabeza la acusación popular, solicita ahora dos años de prisión por el supuesto delito de tráfico de influencias y otros once años por malversación. De forma alternativa, plantea una pena de diez años si ambos delitos son considerados como un concurso medial.
Además de la pena de prisión, la acusación pide que Begoña Gómez sea inhabilitada para obtener subvenciones públicas y beneficios fiscales durante diez años. También solicita que el presidente Pedro Sánchez comparezca como testigo durante el juicio.