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En el marco de la III Cumbre Ministerial de Gobernanza para América Latina y el Caribe OCDE–BID, realizada durante la 9na. Reunión Anual de la Red de Integridad Pública, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, presentó los logros y avances de la República Dominicana en materia de transparencia, integridad pública y fortalecimiento institucional, resaltando el compromiso del país con las reformas necesarias para consolidar la buena gobernanza.
Durante su intervención, Ortiz Bosch explicó que las primeras dos décadas del siglo XXI estuvieron marcadas por un proceso acelerado de creación de leyes, decretos y resoluciones orientados a cumplir con los estándares de las Convenciones de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.
Señaló que, a quienes asumieron responsabilidades públicas en 2020, les correspondió transformar ese marco legal en práctica efectiva, enfrentando el atraso reflejado en evaluaciones internacionales que estimaban pérdidas anuales de aproximadamente ciento cincuenta mil millones de pesos dominicanos debido a la corrupción o la ineficiencia presupuestaria.
Entre los avances expuestos, la directora de la DIGEIG destacó el salto del cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que pasó de un 40 por ciento a un 95.3 por ciento. Explicó también que una de las transformaciones más relevantes fue la evolución de las Comisiones de Ética Pública a Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN).
Añadió que el país actualizó sus compromisos con las convenciones internacionales anticorrupción, adoptó su primera política nacional de datos abiertos y cumplió con los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto gracias a un proceso de consulta directa con la ciudadanía.
En cuanto a los resultados generales del fortalecimiento institucional, la directora expuso que la República Dominicana ha evidenciado mejoras significativas en inversión extranjera, exportaciones, reservas monetarias, empleo, turismo, clima democrático, paz social y seguridad alimentaria.
Ortiz Bosch presentó además los avances alcanzados en la medición de los Indicadores de Integridad Pública (PIIs) de la OCDE, proceso liderado por la DIGEIG desde 2023. Explicó que el país ha completado la evaluación de indicadores transversales, ha trabajado con el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República para evaluar el sector justicia y se encuentra actualmente en la etapa correspondiente al control interno y la gestión de riesgos, junto a la Contraloría General de la República. Indicó que estas evaluaciones han permitido construir capacidades institucionales y definir rutas de acción específicas alineadas con las exigencias de la OCDE.
Respecto a la Estrategia Nacional de Integridad Pública, señaló que su construcción avanza conforme al Decreto No. 408-25 y bajo el acompañamiento técnico de la OCDE.
El proceso incluye un diagnóstico nacional ya concluido, talleres estratégicos con dieciséis instituciones públicas y la conformación de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento, bajo la supervisión del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Esta estrategia, afirmó, constituye la base técnica para reformas estructurales en materia de ética, control, transparencia, datos abiertos, participación ciudadana y coordinación política de alto nivel.
En su conclusión, Ortiz Bosch reafirmó que el compromiso de la República Dominicana con la OCDE es técnico, político e institucional, destacando que el país está ejecutando tres etapas de los Indicadores de Integridad Pública, construyendo una estrategia nacional de integridad, fortaleciendo la DIGEIG y avanzando en reformas exigidas por los estándares internacionales.