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Podríamos asumir dos mentiritas y sentirnos tranquilos: que el gobierno podía negarse al interés estadounidense y que el “acuerdo” de uso de aeropuertos para operaciones logísticas es solo para luchar contra el narcotráfico en la región.
Dolorosamente “no había de otra”. Y, claro, duele, con la incertidumbre de treparse a un tren sin rumbo definido.
Las realidades geopolíticas, de correlación de fuerzas, dependencia económica fuerzan posturas transaccionales a gobiernos como el dominicano ante requerimientos de una administración trumpista avasallante.
La vieja Europa, con tradición de fuertes economías, se ha plegado a presupuestos de guerra y solo China y Rusia han podido enfrentarse al carro sin frenos de Trump, que ya reclama votos para aspirantes presidenciales conservadores en diversas partes del mundo.
Quizás esto explique la información extraoficial, de que los líderes opositores Leonel Fernández y Danilo Medina habrían expresado una suerte de no objeción al ser consultado por Abinader previo al anuncio hecho en el palacio presidencial junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. (Hasta el mediodía del domingo no se había desmentido la versión).
Abinader procuró asesoría para sortear el artículo 3 de la Constitución sobre “la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención” y el artículo 80 que dispone entre las atribuciones exclusivas del Senado “autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía”.
El mandatario dijo que la firma está protegida por el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 y su Protocolo de Enmienda de 2003, que regula toda acción conjunta y que exigen aprobación previa y supervisión directa del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Aseguró que no se viola la Constitución ni leyes, resaltando que es apoyo logístico limitado en espacio y tiempo en la Base Aérea de San Isidro y el aeropuerto de Las Américas, sin asentamientos de tropas ni acciones ofensivas.
Abinader insistió en los riesgos que implica el narcotráfico para la seguridad y agregó que es un desafío que ningún país puede enfrentar solo. Detalló incautaciones hechas en los últimos tiempos con apoyo de las autoridades de los Estados Unidos.
Las sospechas y denuncias brotan cuando se recuerda que Hegseth no es director de la DEA y que en el combate al narcotráfico se le agregó “terrorismo”, ahora “narcoterrorismo”, y se descubrió la supuesta existencia de un “cartel de los soles”, que estaría conformado, según USA, por la dirección del gobierno de Venezuela, con precio a la cabeza de Maduro.
Más de 80 personas habrían muerto en los ataques con drones estadounidenses a lanchas en aguas del Caribe (Operación Lanza del Sur, a la que estamos adscritos), que alegadamente salieron de Venezuela rumbo a territorio norteamericano.
Además, el portaviones más poderoso de la armada estadounidense está anclado frente a Venezuela y el presidente Trump ha anunciado posibles acciones terrestres de la CIA en territorio venezolano y ha advertido a las aerolíneas comerciales evitar el espacio aéreo de esa nación, lo que se interpreta como inminencia de alguna acción militar.
(Por cierto, Hegseth pasó a almorzar con los “muchachos” y Leah Campos, la nueva embajadora de USA en RD, asistió a la cena de Acción de Gracias a bordo de la embarcación el jueves último).
Abinader cuidó un texto hecho con filigrana y se ha sujetado a su letra para rechazar violaciones constitucionales y legales, que llegan desde diferentes litorales, mientras el gobierno norteamericano despliega una puesta en escena, cuyo final, quizás, solo conozca Trump.