En medio del juicio que sigue a una presunta red de corrupción que habría afectado al Estado dominicano, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez pidió al tribunal ser beneficiado con un perdón judicial, con el objetivo de evitar el decomiso de casi ocho millones de pesos y una multa considerada onerosa.
La solicitud fue presentada por su abogado, Rubén Jean Carlos Martínez, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La defensa argumenta que los RD$7,800,000 en cuestión tienen un origen lícito, ya que —según sostienen— provienen de un préstamo bancario debidamente sustentado.
Asimismo, el jurista pidió que se descarte la imposición de una multa equivalente a 200 salarios mínimos, la cual superaría los tres millones de pesos. A su juicio, dicha sanción resultaría desproporcionada y afectaría las posibilidades de reintegración social de su cliente.
La defensa insiste en que Girón Jiménez merece ser eximido de sanciones económicas, alegando su rol como colaborador clave del Ministerio Público durante el proceso. En ese sentido, sustentó su petición en disposiciones constitucionales y en el Código Procesal Penal.
Otro de los planteamientos presentados ante el tribunal fue la devolución de los pasaportes retenidos al imputado, al considerar que se trata de documentos personales que no deben formar parte de bienes sujetos a decomiso.
De su lado, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, defendió el acuerdo alcanzado con el militar, asegurando que fue formalizado conforme a la ley y presentado correctamente ante los jueces. Sin embargo, enfatizó que el decomiso del dinero está contemplado dentro de ese mismo acuerdo y debe ejecutarse.
“El proceso debe concluir conforme a lo pactado, incluyendo las medidas económicas establecidas”, sostuvo el representante del órgano acusador, quien reiteró que buscan sanciones firmes y no meramente simbólicas.
El caso forma parte de un expediente mayor que involucra a figuras como el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y el coronel Rafael Núñez de Aza, junto a otros militares y civiles. Todos están acusados de integrar una red que presuntamente desvió más de RD$4,500 millones mediante el uso irregular de entidades de seguridad del Estado.
Los imputados enfrentan cargos por corrupción administrativa, lavado de activos, asociación de malhechores y enriquecimiento ilícito, en un entramado que, según las autoridades, utilizaba recursos públicos para beneficio personal.
El tribunal deberá decidir en los próximos días si acoge o rechaza la solicitud de perdón judicial planteada por la defensa de Girón Jiménez.