
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se pronunció este viernes sobre el escándalo que sacudió al Seguro Nacional de Salud (Senasa), asegurando que el país enfrenta una situación “indescriptible” y “totalmente inadmisible”, cuyas implicaciones afectan no solo al gobierno, sino a toda la población dominicana.
“Realmente es algo indescriptible lo que uno siente. Uno lo siente no solamente como parte del gobierno, sino por lo que eso representa para todo el pueblo dominicano”, expresó visiblemente consternada.
Peña afirmó que la magnitud de lo ocurrido aún resulta difícil de asimilar.
“Eso es inadmisible, eso uno no lo puede realizar realmente con la magnitud que estamos viendo”, sostuvo al referirse a los hechos investigados.
La vicepresidenta destacó que el caso ya está bajo control del Ministerio Público, institución en la que dijo confiar plenamente para actuar conforme a las evidencias recopiladas.
“Lo importante es que está en manos del Ministerio Público y sabemos que se va a actuar acorde a los hechos que estamos viendo que sucedieron”, aseguró.
Peña adelantó que hoy se conocerá la continuación de la audiencia de medida de coerción, programada para las 2:00 de la tarde, y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta al desarrollo del proceso judicial.
“Eso hay que esperar realmente, la medida de coerción continúa hoy a las 2 de la tarde y vamos a esperar”, declaró.
El caso SeNaSa continúa generando amplia atención nacional, mientras la justicia avanza en la determinación de responsabilidades y el país espera respuestas claras frente a uno de los escándalos más sensibles en materia de seguridad social.
Los encartados son el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim; Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Eduardo Read Estrella, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Heidi Mariella Pineda Perdomo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.
El Ministerio Público les atribuye asociación de malhechores, sobornos, falsificación de documentos, adulteración de estados financieros, estafa, lavado de activos y desfalco, delitos que presuntamente eran ejecutados desde la propia estructura del seguro estatal.