El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, defendió este lunes la inclusión del juez conciliador en la reforma al Código Laboral, al considerar que esta figura favorece a los trabajadores al reducir los costos y tiempos de los procesos judiciales.
Aseguró que la conciliación permite resolver los conflictos laborales de forma más rápida, sin necesidad de prolongar disputas en los tribunales.
Abreu descalificó al expresidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, para opinar sobre el tema, y afirmó que sus críticas forman parte de un intento por ganar visibilidad en los medios. “El juez conciliador no afecta a los trabajadores, todo lo contrario, evita que un proceso que podría costar 500 mil pesos se convierta en uno de cinco millones”, señaló el dirigente sindical.
La figura fue propuesta por el exvicepresidente Rafael Alburquerque, a quien Abreu describió como un aliado histórico de las causas laborales. Explicó que el objetivo es resolver la mayoría de los conflictos en una fase inicial, evitando el paso a juicio de fondo, salvo que sea estrictamente necesario.
Además, el sindicalista denunció que algunos abogados se oponen a esta figura porque se benefician económicamente de litigios largos, embargos y demandas extensas. “A ellos les conviene alargar los procesos, pero eso solo perjudica al trabajador, que tiene que invertir más tiempo y dinero”, subrayó.
Pepe Abreu también aclaró que lo que se busca no es eliminar derechos, sino establecer tribunales de conciliación que permitan agotar los procesos gradualmente, garantizando una resolución más ágil y menos costosa de los conflictos.
La polémica surgió luego de que un grupo de abogados, encabezados por Surún Hernández, entregara un documento a la comisión del Senado que estudia la reforma, denunciando un supuesto “plan macabro” en contra de los trabajadores con la inclusión del juez conciliador. Alegaron que esta figura podría entorpecer el acceso a la justicia laboral.
Junto a Surún, participaron los juristas Cleopatra González, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y Aurelio Moreta Valenzuela, de la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, quienes advirtieron sobre el impacto negativo que tendría esta figura en los derechos de los trabajadores si no se regula adecuadamente.