El Gobierno de Puerto Rico presentó una medida legislativa que redefine el concepto de “ser humano” para incluir al concebido en cualquier etapa de gestación, lo que, según sectores políticos y organizaciones civiles, equivale a criminalizar el aborto en la isla.
La propuesta fue impulsada por la gobernadora Jenniffer González y cuenta con el respaldo de la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El proyecto del Senado 923 enmienda el artículo 92 del Código Penal, que define el delito de asesinato, para que este también abarque la muerte de un “concebido no nacido”. Con este cambio, cualquier interrupción del embarazo podría ser tratada como un crimen de homicidio.
La iniciativa provocó un rechazo inmediato de las delegaciones legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que advirtieron que el proyecto busca eliminar de forma absoluta la posibilidad de que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos.
La senadora del PIP María de Lourdes Santiago sostuvo que la propuesta representa un retroceso de décadas en la lucha por los derechos de las mujeres y que impondría penas de hasta 99 años de prisión a quienes se sometan a una interrupción del embarazo.
A estas críticas se sumó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico. Su directora ejecutiva, Annette Martínez, afirmó que la medida constituye una criminalización absoluta del aborto y que pone en riesgo el derecho a la vida y la seguridad de mujeres, niñas y personas gestantes.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló en junio de 2022 el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal, se han presentado múltiples proyectos para restringirlo en Puerto Rico, aunque todos habían fracasado hasta ahora.
A finales de 2025, la gobernadora firmó una ley que reconoce al no nacido como persona natural, una norma que ya había sido cuestionada por más de 320 profesionales de la salud por el riesgo que podría representar para decisiones médicas urgentes.