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Una masiva movilización realizada este lunes en La Paz, capital política de Bolivia, terminó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales, pese al anuncio del presidente Rodrigo Paz de reducir en un 50 % su salario como medida para intentar disminuir la tensión social que ya supera las tres semanas.
El gobernante, de tendencia centroderechista y en el poder desde hace seis meses, enfrenta fuertes protestas impulsadas por el deterioro económico que atraviesa el país, considerado el más grave en las últimas décadas.
Los manifestantes rechazan las políticas económicas aplicadas por el Ejecutivo, reclaman mejoras salariales y responsabilizan al gobierno por la distribución de combustible de baja calidad que habría afectado a miles de vehículos.
La jornada comenzó con una marcha integrada por mineros, campesinos, transportistas, obreros y otros sectores que descendieron desde El Alto hacia el centro de La Paz para exigir cambios inmediatos.
Al llegar a las inmediaciones de la Plaza de Armas, donde se encuentran oficinas gubernamentales, algunos grupos intentaron ingresar al área, pero fueron contenidos por unidades antimotines que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos.
En respuesta, los manifestantes lanzaron piedras, petardos y explosivos artesanales, mientras que varias personas fueron detenidas durante los disturbios. También denunciaron la muerte de un ciudadano ocurrida el pasado sábado en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, hecho que posteriormente fue confirmado por el gobierno.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, lamentó lo sucedido y aseguró que se abrió una investigación, además de reiterar que las fuerzas del orden tienen prohibido emplear armas letales.
Horas más tarde, el presidente anunció desde la ciudad de Sucre que reducirá tanto su salario como el de sus ministros, asegurando que la decisión forma parte de un esfuerzo de austeridad y compromiso con el país.
No obstante, la medida ha sido considerada simbólica por algunos sectores, ya que no forma parte de las principales exigencias de las protestas.
Paz reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones sociales, aunque advirtió que no negociará con grupos que recurran a la violencia. Mientras tanto, su administración sostiene que las movilizaciones buscan desestabilizar el orden democrático.
El gobierno también acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las protestas, mientras el exmandatario ha pedido la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de 90 días.
Las manifestaciones comenzaron a inicios de mayo tras una convocatoria de huelga de la Central Obrera Boliviana y continúan con bloqueos de carreteras y reclamos por la escasez de combustible, medicamentos y alimentos en varias regiones del país.