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La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, presentó ante el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa que busca reducir la edad punible de 18 a 16 años para delitos graves. La propuesta ha generado un amplio debate en el ámbito político y social, según reportes de medios locales.
El proyecto plantea que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados penalmente por delitos como homicidio, violación, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, especialmente cuando estén vinculados a estructuras del crimen organizado.
De acuerdo con la legisladora, el crimen organizado ha aprovechado la legislación actual para involucrar a menores en actividades ilícitas, evitando consecuencias penales más severas.
“Es vital establecer penas claras para rescatar a nuestra sociedad y demostrar que cuando un joven delinque, debe enfrentar consecuencias”, sostuvo Espinal, al defender la necesidad de cerrar lo que considera una “brecha legal”.
La iniciativa también responde, según la diputada, a reclamos de familias afectadas por la violencia, quienes exigen mayores niveles de justicia ante delitos de alto impacto.
El proyecto incluye además la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales, que sería permanente y de acceso restringido para autoridades de seguridad y justicia. La medida busca facilitar la identificación de condenados por delitos sexuales y prevenir la reincidencia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado preocupación por el impacto de la reforma en las garantías fundamentales de los adolescentes, advirtiendo posibles vulneraciones a derechos de la niñez.
Actualmente, la edad mínima de responsabilidad penal en Honduras está fijada en 18 años. De aprobarse la reforma, los jóvenes de 16 y 17 años enfrentarían procesos y sanciones similares a las de adultos en casos específicos.
Se espera que la propuesta sea analizada en comisiones antes de su discusión en el pleno legislativo. El resultado podría marcar un precedente en la legislación hondureña sobre justicia penal juvenil y políticas de seguridad.
Fuente: Infobae.