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Abogados y propietarios de terrenos expropiados por el Estado objetaron este lunes el “informe de investigación especial” emitido por la Cámara de Cuentas, al considerarlo “plagado de errores e incongruencias”. Los afectados emplazaron a los miembros del organismo a retirar o corregir el documento de su página web, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían iniciar acciones legales.
Cuatro oficinas de abogados notificaron mediante actos de alguacil a la presidenta de la Cámara, Enma Polanco, y a los demás miembros del organismo, señalando inconsistencias en el borrador de auditoría AUD 2025-0043, publicado el 26 de septiembre de 2025.
Según los notificados, el informe se basa en un documento preliminar de mayo de 2024, sin ser definitivo y con afirmaciones que contradicen los registros entregados a la Dirección General de Bienes Nacionales.
Las notificaciones mediante actos de alguacil a la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Enma Polanco y los demás miembros del organismo, están firmadas por los abogados Alexander Navarro Rossi, Joaquín Antonio Pérez, Ángel Teófilo Sena y Pablo Benjamín Castillo, entre otros.
El borrador de auditoría de la Cámara de Cuentas dado a conocer recientemente mediante la Resolución AUD 2025-0043, del 26 de septiembre del 2025, la cual fue subida a la página web de dicho órgano sin ser definitiva sobre un informe del 24 de mayo del 2024 realizado por la Cámara de Cuentas anterior, ha provocado lluvias de cuestionamientos.
Indican que con ese “informe especial” la Cámara de Cuentas violó los artículos 21 y 26 de la Ley 107-13, que garantiza la audiencia previa establecida en el artículo 138.2 de la Constitución al establecer, falsamente, que en determinados expedientes faltaban documentos, piezas que fueron entregadas bajo recibo a la Dirección General de Bienes Nacionales, según establece Patricio Mañón, abogado de Bernardino Mercedes, de Boca Chica, uno de los propietarios de los terrenos expropiados donde se construyó el Aeropuerto de las Américas.
Los abogados explicaron que el informe falsamente indica falta de documentos y pagos pendientes. Por ejemplo, en el caso de parcelas expropiadas en Boca Chica, los títulos y la determinación de herederos fueron entregados a Bienes Nacionales y al director de Titulaciones, Mérido Torres, pero el traspaso no se ejecutó por oposición administrativa del PEPCA en 2022, sin orden judicial.
Asimismo, se asegura que los pagos correspondientes se realizaron en su totalidad, incluyendo un descuento de RD$36 millones en la sucesión de Elías Athalla.
Los afectados sostienen que la Cámara de Cuentas incurre en responsabilidad patrimonial al publicar afirmaciones “evidentemente falsas” en un informe que no ha sido notificado oficialmente a los afectados. Los abogados solicitan copia del documento para presentar los recursos de reconsideración correspondientes y exigieron que se respeten los derechos establecidos en la Constitución y la Ley 107-13 sobre audiencias previas y notificaciones.