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Juana Abreu Casado, propietaria de una villa ubicada en la provincia de Azua, hizo pública su denuncia contra el reconocido cantante urbano Javier Herrera, conocido artísticamente como “Ronny Gta”, a quien acusa de causar daños materiales a su propiedad, sustraer varios electrodomésticos y proferir amenazas de muerte en su contra. Según indicó la denunciante, los hechos se produjeron luego de que ella solicitara al artista y a sus acompañantes abandonar el inmueble, debido a desórdenes y al presunto consumo de sustancias ilícitas dentro de la residencia.
De acuerdo con el testimonio de Abreu Casado, durante el incidente el intérprete urbano habría causado destrozos en distintos espacios de la villa, dañando muebles y objetos de valor, y se habría llevado un microondas junto a otros artículos del hogar. La propietaria aseguró que estas acciones generaron un daño considerable en la propiedad y pusieron en riesgo su seguridad y la de sus familiares presentes. Además, indicó que el cantante habría proferido amenazas de muerte en su contra, situación que ha aumentado su preocupación y temor por la integridad de su vida.
La denunciante también afirmó que, en medio del altercado, uno de los acompañantes del artista accedió a revisar su teléfono celular, un hecho que Abreu Casado considera una violación a su privacidad y un acto que agrava la gravedad de la situación. Hasta el momento, no se ha confirmado si la denuncia ha sido formalmente presentada ante las autoridades correspondientes, ni si Javier Herrera ha emitido algún tipo de declaración respecto a las acusaciones que pesan en su contra. La situación continúa bajo investigación y ha generado repercusión entre vecinos y miembros de la comunidad local, quienes esperan una resolución pronta y justa.
La propietaria de la villa afirmó que, tras el suceso, ha tenido que reforzar la seguridad de su residencia y tomar precauciones adicionales para proteger su integridad y la de su familia. Mientras tanto, autoridades locales evalúan los hechos y analizan posibles acciones legales para garantizar que se esclarezcan los daños y las amenazas denunciadas.