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Representantes sociales y productivos de la provincia San Juan de la Maguana han solicitado al Gobierno que el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Romero sea acompañado por organismos científicos y académicos tanto nacionales como internacionales, para asegurar la credibilidad y transparencia del proceso.
Los comunitarios expresaron su preocupación tras la reciente aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Términos de Referencia (TDR) para este estudio, que evaluará la viabilidad ambiental de la mina. El Proyecto Romero contempla una operación minera subterránea de última generación, enfocada en la extracción de un concentrado de cobre con contenido de oro y plata.
Los representantes de San Juan insistieron en la importancia de incluir a la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y organismos internacionales, así como a la propia comunidad, que será la más afectada por el proyecto.
Roberto Villegas, gerente de la Junta de Regantes Valle de San Juan, afirmó: “Si incluimos a la Academia de Ciencias y a organismos internacionales, además de la participación del gobierno, tendríamos confianza en que el estudio se llevaría a cabo de manera seria y ponderada. Por eso, hacemos un llamado al Presidente de la República y al ministro de Medio Ambiente para que integren estos organismos en el proceso”.
Félix Agustín Báez, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de San Juan, se unió al clamor y señaló: “Exigimos que participen organismos internacionales, la Academia de Ciencias y la UASD, así como nosotros, los productores del valle, en el estudio de impacto ambiental”.
Víctor Rojas, presidente de la Asociación de Ganaderos de Pedro Corto, también enfatizó la necesidad de que el estudio incluya a la Academia de Ciencias y a la UASD, así como a organismos internacionales que puedan validar la veracidad de los resultados.
Desde el ámbito académico, Pedro Mateo, miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, destacó la necesidad de realizar una evaluación más integral y participativa del entorno ambiental. “Es fundamental que se realice un estudio estratégico de la situación ambiental de la zona. Debe haber veeduría pública respecto a este proyecto y a su evaluación, con la participación de instituciones acreditadas que garanticen la confianza de todos los sectores”.
Evangelina de los Santos, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Juan de la Maguana, también subrayó la importancia de asegurar la imparcialidad en el proceso de evaluación ambiental. “Si se llevaran a cabo esos estudios, es esencial que haya una participación significativa de organismos internacionales sin vínculos con la minera y de la Academia de Ciencias”, concluyó.