
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentó la Guía para la Prevención y Detección de Colusión, una herramienta dirigida a las instituciones del Estado para identificar de forma temprana prácticas anticompetitivas en los procesos de contratación pública, que generan pérdidas millonarias al erario.
De acuerdo con estimaciones internacionales, la colusión en las contrataciones públicas representa entre un 2 % y un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En el caso de República Dominicana, esto equivaldría a entre 2,500 y 5,000 millones de dólares, una cifra cercana al déficit fiscal actual del país, explicó Mario Umaña, consultor en Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Este tema le ofrece una oportunidad enorme a la República Dominicana y a todos los países de América Latina. La República Dominicana ha venido haciendo un esfuerzo enorme en los últimos años para reducir su déficit fiscal, pero si pudiéramos reducir en algo esas pérdidas por colusión, podríamos disminuir casi a la mitad el déficit fiscal actual”, expresó Umaña.
El experto sénior de la División de Competencia de la OCDE, Paulo Burnier, recordó que las compras públicas en América Latina representan alrededor del 25 % del gasto público, por lo que cualquier distorsión en estos procesos impacta directamente la capacidad del Estado de ejecutar políticas públicas efectivas.
La presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, destacó que las compras públicas constituyen un área sensible y estratégica para la administración del Estado. En ese sentido, aseguró que la nueva guía representa un paso firme hacia la transparencia y la competencia leal.
“Esta guía es el resultado de un trabajo colaborativo que refleja nuestro compromiso con la integridad del gasto público y con la construcción de una cultura de cumplimiento, donde la ética, la transparencia y la competencia se conviertan en la norma, no en la excepción”, afirmó Vásquez Taveras.
El documento incluye metodologías para detectar patrones sospechosos de comportamiento entre oferentes, análisis de precios y alertas sobre conductas que puedan indicar acuerdos colusorios. Según el director de Promoción y Abogacía de la Competencia, José Beltré Cuevas, “esta guía tiene un propósito muy claro: convertirse en el aliado diario de cada funcionario que interviene en un proceso de compras públicas”.
Vásquez Taveras resaltó además los avances logrados gracias a la colaboración con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), institución que ha sido un socio clave en la capacitación y sensibilización de servidores públicos sobre la detección de prácticas anticompetitivas.
La directora jurídica de la DIGEIG, Delta Paniagua, informó que, como resultado de esta alianza, unos 800 funcionarios públicos han sido entrenados para identificar señales de colusión en los procesos de licitación, fortaleciendo así la integridad y transparencia del sistema de compras públicas.
El lanzamiento de la guía formó parte de la jornada inaugural de la tercera Semana de la Competencia, que reunió a expertos nacionales e internacionales. Durante el panel “Transparencia, compras públicas y competencia: una sinergia necesaria”, los participantes coincidieron en la importancia de reforzar las capacidades institucionales para prevenir la colusión, en beneficio de una gestión pública más eficiente y del bienestar ciudadano.