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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, destacó este viernes que la reciente sentencia TC/0723/24 del Tribunal Constitucional (TC) reafirma y fortalece la capacidad sancionadora de la entidad encargada de defender los derechos de los consumidores.
Alcántara señaló que el TC validó como constitucional los artículos 17.j), 23, 31.j), 42, 112 y 117 de la Ley núm. 358-05, que regula la protección de los derechos del consumidor desde el 9 de noviembre de 2005.
Además, mencionó que la sentencia instruyó al Congreso Nacional a modificar de inmediato la ley 358-05, para evitar interpretaciones ambiguas sobre la facultad sancionadora que ha sido reconocida por el tribunal en su reciente fallo.
“Las competencias otorgadas a la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor y al Consejo han sido reafirmadas con esta decisión”, indicó Alcántara.
El director expresó que la institución continuará actuando conforme a la ley, fortaleciendo sus atribuciones según lo establecido en la sentencia. También lamentó que algunos juristas se dejen llevar por rumores que malinterpretan la decisión y la intención de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Alcántara agradeció a los jueces por su compromiso en proteger los derechos de los consumidores, enfatizando que estos derechos prevalecen sobre intereses particulares que busquen distorsionar la decisión judicial.
Asimismo, alertó sobre las "interpretaciones caprichosas" de ciertos sectores que intentan debilitar a la entidad protectora de los consumidores por motivos personales, subrayando que su objetivo es dejar desprotegidos a los dominicanos en relación con los derechos que otorga la normativa 358-05.
Reiteró que Pro Consumidor seguirá trabajando para salvaguardar los derechos de todos los dominicanos, tal como lo ha hecho desde el 22 de marzo de 2021, cuando asumió la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley en beneficio de los consumidores.
En la sentencia del TC, aprobada el 15 de noviembre, se exhorta al Congreso Nacional a legislar para implementar una reforma integral del régimen de responsabilidades y sanciones administrativas de la Ley núm. 358-05, con el fin de clarificar y reafirmar las competencias de la entidad protectora de los consumidores.
Finalmente, invitó a todos los interesados a interpretar adecuadamente la disposición del Tribunal, que rechazó las acciones directas de inconstitucionalidad respecto a los artículos 17.j), 23, 31.j), 42, 112 y 117 de la Ley núm. 358-05, declarando que estas disposiciones son conformes a la Constitución.