La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso un año de prisión preventiva y declaró como complejo el caso de cinco personas acusadas de dirigir una red de estafas y suplantación de identidad desde el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe (CCR-1).
Los procesados Isidro Frica Santos, Alfonso María Paredes, Milandis Núñez, Mary Michelle Ulloa y Brailin Núñez, alias «El Mocho», operaban una estructura dedicada a la extorsión, el fraude digital y el chantaje desde el penal.
Según la investigación encabezada por el procurador fiscal Warlyn Tavarez, los implicados usaban el nombre del coronel Aneurys Ruiz Álvarez, director del DICRIM en Puerto Plata, para cometer fraudes en plataformas digitales y obtener dinero ilícito.
Las autoridades descubrieron que los internos manejaban un centro de llamadas clandestino con celulares conectados a internet, lo que les permitía ejecutar sus delitos.
Durante un operativo en el penal, agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) incautaron dispositivos electrónicos y teléfonos usados por la organización. Además, el esquema incluía cómplices externos como Mary Michelle Ulloa y Brailin Núñez, responsables de recibir los fondos y coordinar las operaciones.
La fiscal Maribel Reynoso presentó pruebas ante el juez Romaldi Marcelino Henríquez, señalando violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Código Penal y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Las investigaciones siguen en curso para identificar a otros posibles miembros de la red. Mientras tanto, los imputados cumplirán la medida de coerción en el CCR-1 San Felipe.