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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi impuso un año de prisión preventiva a un agente de la Dirección General de Migración (DGM) y a un chofer de esa institución, acusados de cobrar sobornos a ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular para trasladarlos en un vehículo oficial.
Los imputados fueron identificados como Gustavo Adolfo García Vásquez, agente de Migración, y Joel Antonio Castillo Reynoso, conductor adscrito al Departamento de Interdicción Migratoria de Puerto Plata.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, ambos fueron arrestados en flagrante delito el pasado 19 de junio cuando regresaban hacia Puerto Plata con 22 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, entre ellos varios menores de edad. Horas antes habían transportado a otros 32 extranjeros al Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón para su deportación.
La detención fue realizada por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, municipio Pepillo Salcedo, luego de que detectaran que el camión oficial de la DGM circulaba por una ruta distinta a la autorizada. Durante la inspección, las autoridades encontraron a los 22 migrantes ocultos en la parte trasera del vehículo, sin documentación que acreditara su permanencia legal en el país.
Según el expediente, algunos de los extranjeros manifestaron que debían pagar entre RD$22,000 y RD$24,000 para ser trasladados hasta Puerto Plata. La investigación establece que los cobros por este tipo de transporte oscilaban entre RD$12,000 y RD$40,000 por persona, mediante pagos en efectivo o transferencias realizadas por familiares.
El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían utilizado un vehículo oficial y su condición de servidores públicos para facilitar el traslado ilegal de migrantes a cambio de dinero. Asimismo, determinó que los 22 extranjeros no figuraban en los registros de los operativos migratorios realizados ese día.
La jueza Javierca Gómez ordenó que ambos cumplan la medida de coerción en la cárcel pública de Montecristi mientras continúan las investigaciones por presuntos delitos de corrupción, soborno y tráfico ilícito de migrantes, contemplados en la Constitución, el Código Penal y la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25.