El juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, José Rafael de Asís Burgos, ha dictado prisión por un período de 12 meses para diez de los veinticinco implicados en la Operación Discovery 2.0, estos individuos son acusados de cometer estafa y extorsión desde la República Dominicana hacia personas en Estados Unidos.
La sentencia del tribunal también incluye arresto domiciliario, impedimento de salida del país y diversas formas de garantías económicas para los quince imputados restantes.
Los imputados Leslie Agnes Succart González, Juan Rafael Parra Arias, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Hayler Andrés Olivares Núñez, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Jonathan Ignacio Castro Güichardo y Deurys Antonio Franco de la Cruz los enviaron a distintos centros carcelarios de la región Norte del país.
Mientras que, la sala impuso prisión domiciliaria para los encartados Juan Armando Vázquez Ramírez, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Claudio Santana, Deuris Antonio Franco de la Cruz, Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
También, contra Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Lorena Franchesca Antigua Pérez y Juana Yadirys Ventura.
De acuerdo con lo informado por el fiscal litigante, Warlin Tavárez, dos de los imputados hicieron acuerdos de colaboración con el Ministerio Público.
Asimismo, indicó que otras siete personas están en la disposición de colaborar con la investigación.
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El grupo lo acusaron de formar parte de una organización criminal que, apoyada en medios electrónicos, estafó y extorsionó a cientos de personas en Estados Unidos.
Los imputados enfrentan diversos cargos por delitos como asociación de malhechores, usurpación de identidad, estafa y lavado de activos.
La Fiscalía de Santiago, en colaboración con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, ha solicitado que se declare el caso como complejo, debido a la presunta organización criminal que seleccionaba a las víctimas, siguiendo una lista de criterios para determinar su mayor grado de vulnerabilidad.