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El presidente Luis Abinader envió este martes al Congreso Nacional una propuesta legislativa destinada a reformar el sistema legal que regula los juegos de azar en la República Dominicana. La iniciativa busca establecer un marco más estricto y transparente, con énfasis en la prevención del lavado de activos y el fortalecimiento institucional del sector.
El proyecto, gestionado a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, propone la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo con atribuciones regulatorias y de supervisión, encargado de emitir licencias y vigilar el cumplimiento de la ley en las distintas modalidades de juego.
El texto abarca un total de 15 tipos de juegos, que incluyen casinos, loterías, apuestas deportivas tanto físicas como en línea, tragamonedas, rifas y bingos, en formatos presenciales y digitales. Cada modalidad tendrá normas particulares sobre operación, ubicación y tributación.
Entre los aspectos más relevantes se encuentra el nuevo régimen para casinos, que solo podrán operar dentro de hoteles clasificados con al menos cuatro estrellas. Además de contar con tarifas escalonadas según el número de mesas disponibles, las máquinas tragamonedas deberán tributar el 5 % de sus ingresos brutos mensuales.
En lo que respecta a las bancas de apuestas deportivas, el proyecto introduce regulaciones territoriales más estrictas. Estarán prohibidas en las cercanías de escuelas, centros religiosos y hospitales, y deberán mantener un radio mínimo de 500 metros entre ellas. Se establecen tarifas anuales de operación que varían según la ubicación: RD$386,673 para grandes ciudades y RD$257,782 para otras zonas del país.
El proyecto también incluye un régimen de transición para implementar sistemas tecnológicos que faciliten la fiscalización estatal en tiempo real. Esta modernización permitirá al gobierno monitorear el flujo de operaciones con el fin de prevenir delitos financieros y promover una industria más transparente y segura.
El Poder Ejecutivo ha enfatizado que la propuesta es parte de un esfuerzo integral para alinear la legislación dominicana con los estándares internacionales en materia de regulación financiera y juego responsable.
La propuesta será debatida en el Congreso, donde se prevé la realización de audiencias públicas con la participación de operadores del sector, organizaciones civiles y expertos técnicos. El Gobierno ha manifestado su intención de lograr un consenso amplio que garantice la viabilidad y efectividad del nuevo marco normativo.