x
El pasado viernes, el Poder Ejecutivo convocó al Congreso Nacional a una legislatura extraordinaria para aprobar varios proyectos de transformación de leyes importantes.
Por esta razón, el Senado de la República programó para este lunes su primera sesión, cumpliendo con el mandato del presidente Luis Abinader a través del decreto 409-25. Sin embargo, las diferencias entre los congresistas sobre diversos artículos del proyecto de ley que busca reformar el Código Penal del país han impedido su desarrollo.
Una comisión de la Cámara de Diputados, acompañada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se reunió con la procuradora general de la República (PGR), Yeni Berenice Reynoso, para continuar consensuando la propuesta de transformación del marco penal. Así lo confirmó el diputado Eugenio Cedeño, quien aseguró que la jornada de revisión se está llevando a cabo sin límites.
"Confirmado. Estamos reunidos sin límites; hemos tenido al presidente del Senado toda la tarde", respondió Cedeño a los periodistas.
La magistrada Reynoso visitó a los legisladores el jueves pasado para manifestar la posición de la PGR sobre los aspectos comprendidos a partir del artículo 300, que “tienen que ver con los abusos de las autoridades, temas sobre las agresiones sexuales a menores de edad y otros aspectos técnicos".
Esta información también fue compartida por el diputado Cedeño, ya que la procuradora prefirió no dar detalles sobre sus declaraciones en la mesa de trabajo legislativa.
Al dirigir la sesión ese mismo día, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que, además de solucionar los "puntos medulares" con la PGR, modificarían “algunos errores involuntarios” en el documento enviado por la Cámara Alta.
“Esa situación nos permitirá, según mi criterio, tener un legajo de modificaciones que combinen con la mejora que debemos dar a todos los aspectos del código penal, incluyendo la uniformización de penas, tipos penales y otros que quedaron afuera o incompletos”, comunicó Pacheco durante la sesión.
Sin embargo, los diputados solo lograron aprobar el proyecto en primera lectura y dejarlo sobre la mesa hasta que se resuelva la división generada por el documento legislativo.
Los diputados que representan a la Cámara Baja ante la PGR son: Wandy Batista, Eugenio Cedeño, Mayobanex Martínez, Carlos de Pérez, Carolina Mercedes y Sandro Sánchez, garantizando así una cuota de las principales bancadas políticas.
No obstante, otros senadores se han unido a los encuentros, ya que, en caso de que los diputados aprueben el proyecto en segunda discusión, deberán conocerlo en una única lectura. De lo contrario, no podrá ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación como ley.
El proyecto elaborado por el senador Rogelio Genao no contempla la eliminación de las sanciones para quienes realicen la interrupción del feto en las tres causales, que son en caso de violación, incesto o cuando la vida del feto o de la madre sea inviable. Sin embargo, a diferencia del conjunto de leyes actual de 1810, este proyecto incluye un eximente que permite al personal médico realizar este tipo de operaciones para salvar la vida de la madre o del feto.
“El aborto practicado por personal de salud especializado no será sancionado si, para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en ese momento”, indica el artículo 112, titulado “Eximente”.
Entre las tipificaciones que se agregarían se encuentran la acumulación de penas; terrorismo, sicariato, genocidio; infracciones muy graves de guerra; infracciones de lesa humanidad; desaparición forzada de personas; feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo y violencia conexa en escenario feminicida; inducción al suicidio y cooperación al suicidio; daños con sustancias químicas (ácido del diablo).
Además, se incluyen el trato cruel, inhumano o degradante; robo de identidad; perturbación telefónica; difusión de audio e imágenes sin consentimiento; divulgación de información secreta; captación y uso de datos personales; estudios genéticos sin consentimiento; manipulación ilícita de genes; fecundación de óvulos para fines distintos a la procreación; reproducción asistida no consentida; y actividad sexual no consentida.
Por último, se abordan las participaciones de grupos en infracciones graves de guerra; negligencia o imprudencia en el control de subordinados; atentado imprudente contra la vida; responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida; bullying y operaciones comerciales con niños y adolescentes, así como responsabilidades de persona jurídica que causen incapacidades de más de 60 días, entre otras.