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Santo Domingo. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este jueves la iniciativa que busca reforzar los controles para impedir que dinero ilícito intervenga en la política dominicana, al considerar que el proyecto representa un paso importante para fortalecer la transparencia y la institucionalidad democrática.
El legislador destacó que la propuesta presentada ante el Congreso Nacional procura establecer filtros más rigurosos para evitar que recursos de origen ilegal influyan en los procesos políticos y electorales del país.
“El objetivo es establecer los verdaderos filtros para evitar de una vez y por todas que dinero ilícito intervenga en la política”, afirmó el presidente del Senado.
El también senador explicó que la iniciativa será remitida a una comisión especial para su análisis, con el propósito de escuchar a todos los sectores de la sociedad antes de adoptar una decisión final.
En ese sentido, indicó que el proyecto deberá ser estudiado con detenimiento para garantizar que contribuya a fortalecer el sistema político dominicano.
“Ese es un proyecto que nosotros inclusive lo enviamos a una comisión especial que ni siquiera la hemos seleccionado, que la próxima semana la vamos a anunciar porque entendemos que debe estudiarse a profundidad y escuchar a todos los sectores de la vida nacional”, expresó.
De los Santos explicó que uno de los principales objetivos de la propuesta es impedir que el dinero proveniente del narcotráfico o de actividades ilícitas continúe penetrando en la vida política del país.
“El objetivo principal es que dinero ilícito no siga participando en la vida política, sino que aquellos ciudadanos que se manejan con transparencia se motiven aún más a participar”, sostuvo.
El presidente del Senado también señaló que históricamente el uso de recursos ilegales ha sido un problema en la política, por lo que entiende necesario fortalecer las regulaciones para evitar competencias desiguales entre candidatos.
Defensa de la democracia
Asimismo, el legislador subrayó que las medidas buscan proteger el sistema democrático dominicano y preservar los avances institucionales alcanzados en las últimas décadas.