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PR aprueba ley que reconoce al no nacido como persona natural y genera amplio rechazo

La legislación modifica el Código Civil para establecer que el ser humano en gestación, desde la concepción y en cualquier etapa del embarazo, posee personalidad jurídica.

Lisbeth Báez
Lisbeth Báez
21 diciembre, 2025 - 3:07 PM
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Nasciturus
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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, convirtió en ley este domingo un controvertido proyecto legislativo que reconoce al no nacido como persona natural, una medida que ha provocado fuertes críticas de sectores médicos, académicos y defensores de derechos reproductivos.

La legislación modifica el Código Civil para establecer que el ser humano en gestación, desde la concepción y en cualquier etapa del embarazo, posee personalidad jurídica.

El Proyecto del Senado 504, impulsado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y otros legisladores conservadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), busca definir explícitamente al nasciturus como persona natural dentro del ordenamiento legal vigente en la isla.

Preocupación del sector médico

La aprobación de la ley se produce pese al rechazo público de más de 320 médicos y profesionales de la salud, quienes solicitaron a la gobernadora que no firmara la medida por considerar que representa un riesgo para la vida y la salud de las mujeres y personas gestantes.

En una carta conjunta, advirtieron que reconocer capacidad jurídica al embrión desde la concepción altera de forma sustancial el marco legal actual y podría interferir con la práctica médica.

  • Especialistas alertaron que la norma podría complicar la atención de emergencias como embarazos ectópicos, hemorragias severas o trastornos placentarios que requieren intervenciones inmediatas, al abrir la puerta a disputas legales que retrasen decisiones clínicas urgentes.

Riesgos legales y sociales

Los firmantes también señalaron posibles consecuencias en casos de embarazos no viables, diagnósticos de cáncer durante la gestación y situaciones de violencia doméstica. Advirtieron que la ley podría permitir la intervención legal de terceros, incluyendo exparejas o agresores, en decisiones médicas, afectando la autonomía de la persona gestante.

  • Asimismo, expresaron preocupación por una posible criminalización de pérdidas de embarazo por razones médicas y por el impacto emocional y físico que podría derivarse de la aplicación de la normativa. La aprobación de la ley ha reavivado el debate público sobre derechos reproductivos, salud pública y el alcance del Estado en decisiones médicas en Puerto Rico.
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